El gobernador Luis Fortuño insistió el viernes en que quien haya cometido el supuesto fraude en las pasadas primarias del distrito seis de Guaynabo, deberá responder por sus acciones. Sin embargo, el mandatario no quiso opinar sobre las expresiones del alcalde, Héctor O?Neill, quien negó haber ideado el supuesto fraude.
‘Lo que está mal está mal. No importa quien lo haga. Confío que la Comisión Estatal de Elecciones va a terminar su trabajo. Si hay alguien que hizo algo ilegal, que pague por ello’, dijo Fortuño a la prensa en el último día de su Ruta del Norte.
De paso, el mandatario no quiso reaccionar a las expresiones del alcalde de Guaynabo quien aseguró que vive y duerme tranquilo con lo que se lavó las manos de la controversia. El ejecutivo además respondió a preguntas sobre por qué no resuelve esta situación, siendo él el presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP).
‘Fui yo quien pidió que hubiera un funcionario popular en las meses penepés y un funcionario penepé en las mesas populares. Fui yo quien llevó una demanda contra el Partido Popular y contra la Comisión Estatal de Elecciones porque estaban poniendo el cabro a velar las lechugas’, agregó el mandatario justificando así que ha estado pendiente del proceso.
Insistió en que no solicitará la intervención del Departamento de Justicia en la controversia, pues legalmente, se supone se agoten todos los remedios administrativos antes de acudir al tribunal.
O’Neill negó el jueves haber dado instrucciones para que varios policías municipales hayan incurrido en fraude electoral al alegadamente cambiar sus direcciones durante la primaria del precinto seis de Guaynabo.
Recientemente trascendió un supuesto esquema de fraude electoral mediante el que supuestamente varios agentes municipales alteraron sus direcciones de residencia para favorecer a Antonio Soto, quien se enfrentaba al incumbente representante Ángel Pérez Otero en el mencionado precinto. Soto fue impulsado por O’Neill y precisamente el alcalde había hecho señalamientos previos sobre irregularidades cometidas por parte de los funcionarios de Pérez Otero.
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