Y siguen corriendo las cartas con intención de destitución en el Departamento de Corrección y Rehabilitación.

Esta vez, la perjudicada es la jefa de Programas y Servicios en Ponce, Carmen Rodríguez, quien reaccionó indignada ante la acción del secretario, Jesús González, que le envió la carta a dos días de que se llegara a un acuerdo fuera de los tribunales en un litigio que su esposo y director de Ponce Main, el teniente Samuel Pérez Soler, mantenía con la agencia desde el 2009 por discrimen político.

‘Tan reciente como ayer, me entregaron una carta de intención de destitución por las expresiones que yo hice a la prensa de que el caso Morales Feliciano no había terminado porque faltaban estipulaciones por cumplir. Pérez Soler tuvo que demandar a la agencia por discrimen político, se llegaron a unos acuerdos que se firmaron el lunes y el miércoles a mí me dan mi carta con intención de destitución’, indicó Rodríguez a NotiCel.

Rodríguez es una revisora operacional del caso Morales Feliciano y destacó que González y el secretario de Justicia, Guillermo Somoza, le dieron la razón cuando luego de sus declaraciones a la prensa tras el Mensaje de Presupuesto del Gobernador reconocieron que no existe una sentencia final y firme en ese caso por violaciones de derechos civiles de los confinados que data desde la década de 1970.

‘Yo soy unas de las revisoras del caso. Yo soy revisora operacional de un área específica y el caso no se ha cerrado y eso fue lo que yo le dije a la prensa. Y él (González, el Secretario de Justicia y el abogado del caso) lo confirmaron dos días después que NotiCel mismo verificó y no hay una sentencia final del caso’, destacó Rodríguez en entrevista con este diario digital.

La funcionaria afirmó que en Corrección ‘se ha desatado un ambiente terrible entre todos los compañeros’ y una cacería contra ella y su marido porque militan en el Partido Popular Democrático.

Rodríguez rechazó información suministrada a NotiCel por una fuente que alegó que Pérez Soler fue ascendido bajo la pasada administración de Aníbal Acevedo Vilá, a pesar de tener casos de violencia de género, uno de los cuales presuntamente ocurrió en el estacionamiento de la cárcel de Aguadilla.

‘Jamás he radicado una querella contra Samuel, jamás. Pérez Soler nunca ha sido acusado de Ley 54, jamás, nunca. Eso no es cierto’, destacó Rodríguez.

‘Hay mucha información que es cierta, pero también hay mucha información que es falsa. Esto es una cacería contra Pérez Soler y contra mí porque somos del partido contrario. Pérez Soler y yo, como cualquier matrimonio, pudimos haber tenido una situación, pero al punto de violencia y de faltarnos el respeto para que la gente nos vea jamás. Me molesta porque mis hijos lean esas cosas porque no es cierto’, afirmó.

Rodríguez catalogó como ‘una novela que la han traído por los pelos hace años’, las denuncias de que ella y su marido protagonizaron varios incidentes de violencia de género, al tiempo que aseguró que el problema es que los novoprogresistas de la agencia tienen temor de que si el Partido Popular Democrático gana las elecciones generales ellos sean acomodados en puestos de confianza en los que puedan perseguirlos como han hecho en su contra.

‘Esto ha sido abuso tras abuso. Ellos saben que yo milito en el Partido Popular, pero yo tengo una maestría, yo tengo la preparación, estoy sobre cualificada y a mí me quitaron mi puesto de carrera y me bajaron el sueldo’, destacó.

‘Esto es una patraña de esta gente. Ellos tienen miedo porque ellos saben que nos han perjudicado grandemente y ellos interpretan que lo mismo que nos han hecho a nosotros, nosotros se lo vamos a hacer a ellos y no es así’, afirmó.

Rodríguez, quien lleva 20 años en la agencia, indicó que desea salir de Corrección y acogerse a la Ley 70 de retiro voluntario temprano.

‘Yo me voy, sea botá, o sea por Ley 70. Yo me quiero ir porque no aguanto más lo que está pasando allí. Corrección jamás va a volver a ser lo que era y esto no se va a levantar ni ganando Alejandro García Padilla’, sostuvo.

Rodríguez narró que la persecución política contra ella y su esposo comenzaron cuando los trasladaron del área de Aguadilla a Ponce sin ninguna justificación.

‘Pérez Soler es parte de esta situación que lo quieren guillotinar, lo quieren destruir porque él es del Partido Popular. Lo trasladaron de Aguadilla sin ninguna razón. Nosotros tenemos en casa, negocio y propiedades en San Sebastián y nos trasladaron a Ponce. Nos pudimos haber ido por el Fondo, pero no. Estamos trabajando y todos los días vamos a trabajar. Y, eso que me dieron el puesto por política no es cierto. Yo tuve que competir por mi puesto dos veces, estoy sobre cualificada de los requisitos que se requieren para el puesto’, puntualizó.