Sin presentar la sentencia que sustente que el caso Morales Feliciano, por violación de derechos civiles de confinados, está cerrado, funcionarios del gabinete de Luis Fortuño insistieron en que la presente administración ya cumplió con las 19 áreas de controversia y reconocieron que no existen documentos que así lo comprueben en el expediente electrónico del caso.

El secretario de Justicia, Guillermo Somoza, aceptó que no existe una sentencia final y firme en el caso, pero refirió las preguntas al abogado del gobierno, Carlos Iguina.

El representante legal de la administración Fortuño responsabilizó al juez federal que preside el caso, Paul Barbadoro, por el hecho de que no se hayan podido divulgar los acuerdos entre las partes y que esa información tampoco conste en los documentos electrónicos de la Secretaría del Tribunal Federal.

‘Eso le compete al juez Barbadoro’, dijo el licenciado.

‘Por instrucciones, por órdenes del juez Barbadoro y del juez (Charles) Cordero, que son dos de los tres jueces que han atendido este caso, esos documentos están radicados ante el juez Cordero. Esa es la razón, todo está para una sentencia. Ya no existe controversia en ninguna de las áreas’, indicó Iguina, al justificar por qué no existen documentos del caso en expediente electrónico.

NotiCel le preguntó por qué la parte demandante no fue invitada a la conferencia si es correcto que ya el caso concluyó, pero no recibió respuesta.

Iguina sí aceptó que entre las partes no se ha llegado a un acuerdo sobre los daños que hay que pagar y que esa será una decisión que, en su día, tomará el juez Barbadoro.

No obstante, apuntó que la posición del gobierno es que no hay que resarcir a los demandantes por los daños sufridos.

‘La situación con los daños es que ya no existe controversia, se han acabado todas las áreas de cumplimiento en el caso. La determinación de daños, obviamente no es una determinación de nosotros, es una determinación del Tribunal Federal como tal. Precisamente, nosotros con esto acabamos la controversia. Ya hay unos acuerdos, hay una aceptación de cumplimiento de la parte demandante en el caso y con ese acuerdo de cumplimiento, se trata en términos jurídicos de un acuerdo de transacción’, sostuvo.

El único documento que presentaron los conferenciantes fue un comunicado de prensa.

‘No se trata de mera palabra, los acuerdos están. Los acuerdo están firmados por la parte demandante, los acuerdos están firmados por el gobierno de Puerto Rico y fueron radicados ante el Tribunal Federal y aceptados’, destacó.

‘Nuestra posición es que el gobierno de Puerto Rico no tiene que pagar daños’, agregó.

Ante insistentes preguntas de este diario digital por la falta de documentos, el secretario de Corrección y Rehabilitación, Jesús González, comparó el caso con las negociaciones obrero patronal en las que las partes ya estipularon y suscribieron los acuerdos, pero el ‘convenio colectivo’ no está firmado y encuadernado.

‘Qué es lo que falta? Pues, el convenio colectivo final que recoge todo ese documento. Y eso es lo que estamos diciendo: la controversia, que son 19 áreas, todas fueron, cada una de ellas, firmadas y entregadas al tribunal conforme ellos (jueces) nos han mandado que lo hagamos. Hemos cumplido con eso’, justificó el titular de Corrección y Rehabilitación.