Expertos en el tema y legisladores del partido de oposición catalogaron las enmiendas al Código Penal aprobadas esta semana como una artimaña política de la Administración Fortuño que busca pasar la culpa a la Rama Judicial de la criminalidad rampante.

Para el criminólogo Gary Gutiérrez resulta absurdo que sin una discusión pública y amplia, como ha ocurrido con el Proyecto del Senado 2021, se establezcan penas fijas y más fuertes para algunos delitos, quitándole la prerrogativa a los jueces.

‘Desde la perspectiva de criminólogo, entendemos que la cárcel es el último recurso y cualquier enmienda que vaya a aumentar el tiempo de cárcel me resulta absurda porque el meter gente presa no ha resuelto el problema de criminalidad en ningún país’, argumentó el también profesor en justicia criminal.

Según apuntó Gutiérrez, eliminar la discreción de los jueces al imponer las penas emula una medida de los republicanos de Estados Unidos que ha mostrado no ser efectiva.

‘El problema es que quieren proyectar que las políticas de mano dura y cero tolerancia no han funcionado porque los jueces no son suficientes severos con los alegados criminales. Sin embargo, en Estados Unidos lo que lograron fue una congestión en las cárceles porque lo que hace es que la gente tenga que cumplir sentencias más largas pero no baja la criminalidad’, sostuvo.

La función práctica de las enmiendas, insistió, es ‘quitarle la carga al Gobernador’ de que su administración ha sido incapaz de resolver los asuntos de criminalidad y seguridad pública y ‘pasarle la culpa a la rama judicial’, mientras se proyecta como que está ‘manejando una crisis que no es de él, aunque sus medidas neoliberales, como los despedidos, tienen mucho que ver con la crisis que que enfrenta el país’.

Así mismo, el representante popular Luis Vega Ramos acusó a Luis Fortuño de engañar a la gente ‘y jugar con los derechos’ a través ‘de un truco publicitario’ ante el fracaso de su gestión anticrimen.

‘Lo más triste del Código Penal que se aprobó es que no tiene fundamento científico para aumentar arbitrariamente las penas. Más aún cuando eso está acompañado de otra legislación que se esconde que creó sistema bien generoso de bonificación’, señaló.

Vega Ramos, cuestionó además la efectividad de la medida aprobada en el Senado desde noviembre del pasado año, cuando ‘no le da ni un centavo adicional a la Policía, ni un recurso investigativo adicional ni la capacidad para esclarecer más crímenes’. Esto, luego de recordar que el mismo Superintendente admitió en estos días que el esclarecimiento de casos había bajado a un 27%.

‘Es un truco electorero. Pueden poner la pena de muerte o la reclusión perpetua a todos los delitos del Código y si tu no resuelves los crímenes no importa cual sea el castigo. Ellos saben que no están resolviendo nada. Por eso ahora están tratando de hacerle creer al país que tienen un plan y que tienen las herramientas, eso es falso’, puntualizó.

La medida fue aprobada en la Cámara a principios de esta semana con 36 votos a favor y 8 en contra. Avalaron la pieza los miembros de la delegación de mayoría y los representantes populares Jorge Colberg Toro y Víctor Vasallo Anadón.