El arquitecto Ángel Cocero Cordero, uno de los acusados esta semana por un supuesto fraude millonario en el Programa de Comunidades Especiales, formó parte de la propuesta de Escuelas para el Siglo 21 que sometió una empresa creada por el síndico de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Agustín Cabrer, y el jefe de finanzas de la campaña del gobernador Luis Fortuño, Andrés Nevares.

De las tres personas procesadas esta semana, a Cocero fue el primero que se le presentaron cargos el miércoles pasado. Luego, ayer, el Departamento de Justicia radicó cargos al arquitecto Federico del Monte Garrido, y al exfuncionario Edwin Rodríguez Díaz. Contra Cocero se determinó causa para arresto, pero contra Del Monte y Rodríguez no se ha emitido fallo todavía.

Las acusaciones criminales son parte de una investigación legislativa, con sus correspondientes referidos al Departamento de Justicia, y unas pesquisas criminales con las que se busca establecer que en el Programa de Comunidades Especiales se cometió fraude, y que ese fraude implicó beneficio económico para el Partido Popular Democrático (PPD). De hecho, las alegaciones contra los acusados esta semana pintan un cuadro en el que Cocero, como diseñador de proyectos, habría cobrado dinero por trabajos no realizados. Ese dinero, según la teoría de Justicia, habría beneficiado las colectas político partidistas de Rodríguez, todo con la anuencia de Del Monte.

La trayectoria profesional de Cocero lo coloca entonces como participante, en capacidad de diseñador de proyectos, de las dos inversiones de infraestructura emblemáticas de, respectivamente, la Administración Calderón (Comunidades Especiales) y la Administración Fortuño (Escuelas para el Siglo 21).

La luz que ahora se posa sobre Cocero pone al relieve también los negocios públicos que tramitan dos figuras muy cercanas a Fortuño, el síndico Cabrer y el licenciado Nevares, quien está encargado de la máquina de recaudación política millonaria que ha desplegado Fortuño.

Cabrer y Nevares son socios en Starlight Development Group (SDG), una empresa que opera como sombrilla de varias otras corporaciones, incluyendo Starlight Construction (SC). Es a través de SC que Cocero participa como diseñador en las licitaciones para las escuelas ante la Autoridad para el Financiamiento de la Infrestructura (AFI).

NotiCel solicitó comunicarse con Cabrer, pero una ayudante en su oficina indicó que Cabrer había vendido SC al desarrollador Roberto Trápaga. Este desarrollador, según los registros del Departamento de Estado, sirve en SDG como secretario a la vez que Cabrer sirve como presidente. Trápaga tampoco contestó solicitudes de entrevista, igual que tampoco lo hizo Cocero.

Una fuente de la industria identificó a Cocero directamente como socio de Cabrer en ambas entidades, SC y SDG, e indicó que sus diseños son los que están sometidos a AFI para escuelas en Guaynabo y Corozal.

En AFI, por otro parte, su director ejecutivo, ingeniero José Basora, dijo ayer en la tarde que SC ‘es parte del consorcio de construcción Longstar Development Group’. Sin embargo, Longstar Development Group no existe en los récords electrónicos del Departamento de Estado. Lo que sí existe es SDG.

Basora añadió en una comunicación escrita que ‘[e]ste consorcio ha sometido propuestas para el programa Escuelas para el Siglo 21, pero no ha sido agraciado en ninguna de las adjudicaciones de contrato’. ‘Actualmente, la AFI no está evaluando propuestas de Longstar Development Group’, dijo al repetir el consorcio que no existe en los récords de Estado.

Las Escuelas para el Siglo 21 son la base del programa reeleccionario de Educación del gobernador Fortuño, pero han arrojado problemas de diseño y uso.