El fraude telefónico sigue rampante y se hace cada vez más sofisticado, mientras las autoridades le sacan el cuerpo a las investigaciones, prácticamente no radican casos, y esperan por una ley que no está firmada y que está bajo fuego de la industria de los celulares.

Uno de los casos recientes lo reportó Luis Ortiz, residente de Hato Rey, a quien lo llamara ayer un tal licenciado José Oquendo Rivera para informarle que como parte de un concurso del programa Día a Día con Raymond y Dagmar, se había ganado un Toyota Camry cortesía del ‘dealer’ de autos Pepe Abad.

‘La llamada fue de un (939) 332- 9924 como a las dos de la tarde. Me llamó por mi nombre y me dijo que los auspiciadores del programa habían contactado a los proveedores de teléfonos para que les dieran las listas de números y que mi nombre había salido en el sorteo’, contó Ortíz a NotiCel.

Ortiz señaló que quien lo llamó era elocuente, propio y utilizaba un tono formal al hablar. ‘Me dio hasta un número de licencia, era el 40023 y me dijo que la llamada podía ser monitoreada’, recordó.

El estafador también mencionó que las oficinas desde las que operaba estaban la Calle Chardón, en la Avenida Roosevelt y le explicó a Ortiz que Pepe Abad había pagado la mitad del registro del vehículo pero que faltaban 300 dóloares que él tenía que enviar por Western Union o MoneyGram para que le entregaran el mismo.

‘Me dijo, ‘te voy a entregar el vehículo ahora mismo pero tienes que mantenerte en el teléfono en todo momento para que cuando lo recibas, las cámaras del programa te graben», aseguró Ortiz.

A Ortiz el asunto le pareció aún más sospechoso cuando el hombre detrás de auricular mencionó que el concurso cumplía con leyes federales e incluso mencionó el nombre de la fiscal Rosa Emilia Rodríguez. Ortiz le enganchó al hombre y buscó en Google el nombre y el número de licencia que le había dado el individuo. Entre los resultados habían varios foros en los que se divulgaba que se trataba de un fraude. Cuando Ortiz volvió a llamar al timador para decirle que sabía que se trataba de un esquema fraudulento, este último colgó el teléfono y no lo volvió a contestar.

La indignación de Ortiz fue aún mayor cuando al tratar de reportar el incidente lo pasaban telefonicamente de cuartel en cuartel.

Por su parte, el sargento Héctor Millán, encargado de la división de propiedad y fraude del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC), explicó que la modalidad de fraudes de esta índole viene ocurriendo desde el año 2009, y desde entonces sólo una persona ha podido ser arrestada.

‘Un agente de aquí logró radicar un caso. Eso fue el jueves, 23 de abril de 2009’, apuntó.

El sargento dijo que en la mayoría de los casos las llamadas se hacen de teléfonos prepagados que no están registrados a nombre de nadie y cuando se rastrean las antenas de telecomunicaciones cercanas para obtener su procedencia, usualmente vienen de instituciones carcelarias.

‘La vez que se produjo el arresto se trataba de una mujer pariente de un confinado’, indicó.

Millán añadió que entre estos esquemas también se ha visto el que llamen a un familiar de alguien que vive en un residencial público y le digan que su hijo robó la motora de un ‘bichote’ y la estrelló. Los estafadores le dicen al familiar que el ‘bichote’ tiene a su hijo secuestrado y que para liberarlo deben pagar 2,000 dólares para saldar la motora, o lo asesinarán.

El oficial también comentó que muchas de esta llamadas se hacen con usuarios de AT<><><>&T y que los criminales buscan las listas de teléfonos residenciales o tiene algún contacto en la compañía que les provee los números. Sin embargo, en el caso de Ortiz, su compañía celular es Sprint./p

pEl sargento exhortó a la ciudadanía a que si recibe una llamada sospechosa acuda al cuartel más cercano a denunciarla. Por lo pronto, el CIC está a la espera de que el Gobernador firme una ley aprobada por la Cámara y el Senado para que todo aquel que quiera comprar un celular prepagado tenga que presentar identificación válida. Pero ese proyecto está impugnado en el Tribunal Federalpor parte de CTIA, el grupo de activismo que representa los intereses de la industria de los celulares en todo Estados Unidos./p