Las acusaciones contra los responsables de la muerte de Ricco Luis Vargas Díaz en mayo de 2011 no serán desestimadas, luego de que el Tribunal de Apelaciones fallara a favor del Ministerio Público y concluyera que no se violaron los términos de juicio rápido, según informó el procurador general del Departamento de Justicia (DJ), Luis Román Negrón.

El tribunal acogió los planteamientos del Procurador General y revocó la determinación del Tribunal de Primera Instancia haciendo referencia a la enmienda realizada en diciembre de 2011 a la Regla de Procedimiento Criminal 64 (n)(3) donde se dispuso que el término de 60 días para la celebración del juicio de una persona sumariada comienza a transcurrir a partir del acto de la lectura de acusación y no desde la fecha en que se presenta la acusación.

El Procurador General sostuvo en su escrito que el Tribunal de Primera Instancia se equivocó al desestimar las acusaciones de los imputados el 13 de febrero de 2012 porque para esta fecha no había expirado el término de 60 días desde la lectura de acusación.

Explicó el Procurador que la lectura de acusación de Jesús Gabriel De Jesús Colón, alias ‘Rómulo’ fue el 16 de diciembre de 2011, por lo el término vencía el 14 de febrero de 2012. Mientras que la lectura de acusación de José Luis Méndez De Jesús, alias ‘Nariz’ y Luis Yanyoré Pizarro, alias ‘Kimbo’ fue el 19 de diciembre de 2011, por los que el termino expiraba el 17 de febrero de 2012.

Luego de acoger los planteamientos del DJ, el TA ordenó que se restituyeran las acusaciones de todos los imputados y ordenó que se detuvieran e ingresaran preventivamente a De Jesús Colón y Méndez de Jesús, ya que Yanyoré Pizarro se encontraba ingresado en prisión por otros hechos.

Según la investigación realizada por las Autoridades, el 10 de mayo de 2011 Vargas Díaz, llegó al residencial Los Laureles a realizar una transacción de drogas cuando los tres acusados lo balearon hasta dejarlo sin vida.

Luego de matarlo, se lo llevaron a bordo de su vehículo y lo dejaron abandonado con el cadáver en el baúl en el camino Pedro Viera, de Caimito.

Por estos hechos también se encuentra acusada Norelis Lantigua Padín, una empleada de la administración del residencial, por destrucción de evidencia.