El ex secretario auxiliar de Planificación del Departamento de la Vivienda (DV), Federico del Monte Garrido, aceptó el jueves que cometió negligencia en el desempeño de su deber, cuando durante su incumbencia no radicó querellas contra los profesionales encargados del diseño de proyectos para el Programa de Comunidades Especiales, a los cuales se les pagó con fondos públicos.

En vista pública de la Comisión de Asuntos de Familia y Comunidades, presidida por Elizabeth Casado Irizarry, el deponente afirmó a preguntas de la legisladora que no radicó querellas contra las firmas encargadas de realizar los diseños aprobados por él.

Esto, cuando se produjeron casos en los que los diseños de proyectos, que requerían la aprobación de endosos de las agencias reguladoras, no podían ser ejecutados ante la falta de estos permisos, que debía solicitar la firma diseñadora.

‘Habiendo estos casos, usted no radicó ninguna querella contra estas personas para liberar su responsabilidad, y no cumplió con su responsabilidad de administrar y de velar por la cosa pública?’, cuestionó la legisladora.

‘No. Yo estoy totalmente de acuerdo con la conclusión con la que usted llega’, contestó del Monte Garrido.

‘De cada unos de esos documentos (planos, estudios y análisis) la responsabilidad recae en el profesional autorizado porque para eso el Estado tiene un proceso de licenciamiento y si éste prepara un estudio, lo firma y la agencia reguladora lo aprueba, la función de nuestra secretaría es verificar que ese trámite se dio; nosotros no íbamos a entrar en el detalle de si el contenido o la metodología que se usó eran válidos’, señaló.

Dijo que de surgir irregularidades, se podía ir en contra del profesional quien respondía con una póliza de error y omisión.

Ante ello, Casado Irizarry confirmó que la Comisión posee evidencia de casos ‘en los que se contrataba para diseños, se pagó por el mismo y después resultó que confrontaban problemas para ser ejecutados’.

El arquitecto y planificador admitió además, que él era quien recomendaba y firmaba los contratos para el diseño de los proyectos en las 221 comunidades especiales a través de la Isla, una vez contaba con el visto bueno del entonces sub secretario de la Vivienda, ingeniero Jorge Rivera. Esto fue en el periodo del 2002 al 2005.

Explicó que una vez se publicaba el aviso para que los profesionales presentaran sus credenciales, se escogía no mediante subasta, sino mediante su criterio, las firmas que iban a realizar los diseños, tomando en cuenta si las mismas deseaban realizar los trabajos en las comunidades que se habían identificado en el Programa de Comunidades Especiales.

En el caso de la necesidad de la adquisición de terrenos, informó que luego de realizado el diseño, era el ingeniero Rivera, junto a la entonces directora de la Administración de Desarrollo y Mejoramiento de Viviendas (ADMVI), Julia Torres, quienes determinaban los terrenos a escoger, luego de recomendaciones del equipo de planificación de ADMVI, quienes a su vez consultaban a los alcaldes y líderes comunitarios.

‘Yo no estaba en la línea decisional sobre este asunto’, dijo el deponente.

Sin embargo, en uno de los casos presentados, se comprobó que del Monte Garrido, firmó un diseño para realizar un proyecto de infraestructura pluvial en la comunidad Jacaboa en Patillas, cuyo terreno fue adquirido por $600 mil, pero no se pudo realizar ya que el terreno no tenía acceso a la carretera donde se recogen las aguas de lluvia.

De otra parte, del Monte Garrido aceptó que en ocasiones se pagaron por servicios de diseño que una vez se trataban de implementar tenían que ser descartados.

‘Cómo podemos justificar el que se haya contratado para el diseño de nuevas unidades de vivienda, se pagó por ese diseño y después se utilizó el modelo, que ya tenía el DV, ADMVI 5?’, cuestionó Casado Irizarry.

‘Usted contrata sobre unas condiciones, si en el transcurso el DV, como dueño decide que quiere darle otro enfoque y cambia las reglas…habría que preguntarle a las personas que tomaron esa decisión’, señaló el deponente.

A preguntas de los legisladores, del Monte Garrido admitió que reconoció deudas por servicios no contratados que le presentaban los diseñadores, a pesar de que era contrario a la legislación y las recomendaciones que impartió el Departamento de Justicia.

Informó que cuando surgían esos casos, los enviaba a la División Legal para que se verificara que el servicio se había prestado y luego se identificaban los fondos, aunque no estaban presupuestados.

El representante Luis ‘Junior’ Pérez, cuestionó al deponente si estaba satisfecho con la situación en la que han quedado los proyectos en las comunidades, algunos de los cuales no se han finalizado, a lo que contestó en la negativa.

‘Le puedo contestar que en mi experiencia, que cualquier proyecto de construcción con fondos públicos, se debe de terminar y es inaceptable que estén sin terminar’, señaló.

Al finalizar la vista, la presidenta de la Comisión, señaló que antes de determinar el curso de acción sobre el deponente se evaluará su testimonio ‘porque creo que hubo ciertas contradicciones’.