La directora ejecutiva del Proyecto Matria, Amarilis Pagán, criticó el viernes las intenciones del gobernador Luis Fortuño de eximir del impuesto sobre ventas y uso (IVU) a iglesias y organizaciones de base de fe. ‘El gobernador de Puerto Rico sigue esforzándose por engrosar su récord de violaciones a la Constitución de la Isla a costa de beneficiar a Iglesias y grupos religiosos’, expresó Pagán en un comunicado de prensa.

Fortuño anunció el viernes que someterá para la aprobación de la Legislatura un proyecto de ley dirigido a que las ventas y servicios que proveen las iglesias u organizaciones religiosas bona fide sean exentas del pago del IVU.

‘Esto es evidencia clara de que se abrió oficialmente la temporada de caza de votos a costa de los derechos humanos de nuestra ciudadanía, de la desigualdad y de la imposición de religiones cristianas al resto del país’, agregó.

Según dijo la licenciada, en los pasados años el gobierno ha privilegiado de manera consistente a organizaciones de base de fe en detrimento de organizaciones seculares sin evaluar objetivamente la necesidad y la calidad de servicios que ofrecen ambos tipos de organizaciones.

Además, dijo que se ha convertido en una práctica común iniciar las reuniones a las cuales se convocan organizaciones con oraciones religiosas, forzando a todas las personas asistentes a participar en un evento religioso desarrollado desde entidades de gobierno que se supone que sean laicas.

‘Desde las pasadas elecciones Matria denunció junto a otras organizaciones la peligrosidad de elegir a candidatos y candidatas que no respetan al país y que negocian con las creencias, miedos, prejuicios y fe de diversos sectores mientras además oprimen e invisibilizan a otros como el de las mujeres y las comunidades LHBTTQ. Alimentan su poder desde el prejuicio, el odio y la intolerancia’, dijo Pagán.

Ésta añadió, además, que La Ruta de las Mujeres, un proyecto de apoderamiento generado desde Proyecto Matria, está llevando un récord de incidentes como éste porque no permitirán que el pueblo, y en especial las mujeres, olviden.

Matria enfatizó, además, que desde el punto de vista económico el IVU es de por sí un elemento de controversia que no debe ser alterado a la ligera.

‘Si el gobernador desea hacer justicia social, estamos seguras de que hay muchas otras maneras de enmendar las leyes y reglamentos del IVU sin tener que privilegiar un sector religioso mientras se discrimina contra otros sectores laicos’, añadió la abogada.