La comunidad estudiantil de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana repudió y calificó como un golpe al ordenamiento constitucional democrático las últimas acciones de la mayoría del Tribunal Supremo.

‘Aunque la Constitución le da el poder al Tribunal Supremo para adoptar las reglas para la administración de los tribunales, se ha ignorado impúdicamente por parte de la mayoría del Tribunal Supremo el citar contextualmente la última oración de la Sección 7 que dispone que ‘[E]l juez presidente dirigirá la administración de los tribunales y nombrará un director administrativo, que desempeñará su cargo a discreción de dicho magistrado», indica la misiva firmada por los presidentes de múltiples organizaciones estudiantiles de la Facultad de Derecho.

El juez presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton, ordenó a la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) a realizar una investigación en cuanto al uso de recursos y fondos públicos en la Rama Judicial. Sin embargo, los jueces asociados del Tribunal Supremo emitieron dos resoluciones: una para establecer nuevas reglas para comenzar cualquier investigación independiente que realice la OAT y otra para designar nuevos miembros de la nueva Comisión de Investigación Independiente del Tribunal Supremo.

‘Al no reconocer este precepto constitucional, la mayoría del Tribunal Supremo deliberadamente suprimió la independencia administrativa conferida al juez presidente por mandato constitucional. Vale recalcar que incluso, desde la Convención Constituyente, había virtual unanimidad en evitar alguna administración colegiada, lo que se pretende realizar con ambas resoluciones. Nos es doloroso señalar cómo la voluntad del pueblo puertorriqueño se ha visto mancillada’, agregaron los estudiantes de derecho.

De hecho, consideraron que es indudable la facultad constitucional del juez presidente a los fines administrativos del Tribunal, al tiempo que catalogaron de incomprensible e inaceptable que la mayoría que compone el cuerpo judicial suprima la facultad constitucional del juez presidente

Por su parte, el presidente del Movimiento Pro Justicia Social, Imanol Caballero, recalcó la importancia de salvaguardar el esquema constitucional democrático de gobierno.

‘El Tribunal Supremo de nuestro país, es la institución que debe mantener con vida cualquier esperanza de encontrar justicia. Tronchar la esperanza de justicia lacera la legitimidad misma de nuestro Tribunal Supremo’, manifestó.

Mientras, el presidente del Consejo de Estudiantes, Iván Rivera, expresó que ‘es deber del Tribunal Supremo actuar con prudencia, transparencia y consenso, ya que su poder depende de la credibilidad que tengan entre el pueblo puertorriqueño’.

Asimismo, el estudiante de derecho Andrés Pérez consideró que es triste ver como en el pasado el pueblo confiaba en la institución del Tribunal Supremo, mientras que hoy día se escapa la confianza como agua entre las manos.

También la actual presidenta de Estudiantes de Derecho Unidos Creando Conciencia Ambiental, Aurivette Deliz, expuso que ‘no solo se están violando los derecho del pueblo de Puerto Rico, sino que se está menoscabando la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial creando un vacío que será difícil de superar’

Por último, los futuros abogados cuestionaron ‘cómo los futuros abogados y ciudadanos puertorriqueños podemos mantener la confianza en el poder judicial si desde su interior surgen atropellos y se usurpan poderes constitucionales ratificados por el pueblo? Podrá existir alguna justificación constitucional para que la mayoría actúe fuera de los preceptos constitucionales vigentes? Ciertamente no. Peor aún, qué mensaje se le da a los ciudadanos que algún día necesitarán la protección constitucional de sus derechos, cuando el Tribunal Supremo, llamado a interpretar las leyes y la constitución, no los protege?.

Finalmente exhortaron a que siempre sea el norte del Tribunal Supremo de Puerto Rico llevar el orden constitucional democrático a su máxima expresión.