La Comisión de Derechos Civiles (CDC) reveló hoy su informe que concluye que la muerte del líder Machetero Filiberto Ojeda Ríos fue ‘ilegal’ y que las investigaciones de la Oficina del Inspector General federal y el Departamento de Justicia de Puerto Rico sobre el suceso omitieron importante información y testimonios.

Miembros de la Coordinadora Caribeña y Latinoamericana de Puerto Rico hicieron público el jueves el informe de la CDC en torno a la muerte de Ojeda Ríos a manos de agentes del FBI en su casa de Hormigueros el 23 de septiembre de 2005.

Liliana Laboy, una de las portavoces de la organización, señaló que el dcoumento contiene información que no fue incluida en los citados informes de la OIG y de Justicia y resalta además la negativa de las autoridades federales a colaborar con las investigaciones.

‘Este informe (CDC) contiene información y testimonios valiosos que no habían salido a la luz anteriormente. Es notable, tanto en esta investigación como en la del Departamento de Justicia de Puerto Rico, la negativa de las autoridades federales a cooperar y permitir el interrogatorio a varios funcionarios y ex-funcionarios que tuvieron participación y, por ende, responsabilidad en el asesinato’, dijo Laboy.

La portavoz señaló además que en el informe se destacan hechos que evidencian que la intención de los agentes federales no era arrestar a Ojeda Ríos y que por ende lo que hubo allí fue ‘una muerte ilegal’.

‘El informe destaca hechos que evidencian la falta de intención de arrestar a Ojeda y concluye que se cometió una muerte ilegal, en otras palabras, un asesinato’, señaló Laboy.

Por su parte, Luis F. Abreu, abogado del líder Machetero, indicó que el informe de la CDC detalla cuatro aspectos particulares en torno a los eventos ocurridos en la casa de Ojeda Ríos en Hormigueros, a saber; la naturaleza y proporción de la fuerza utilizada por los agentes federales en contra de Ojeda Ríos, la disponibilidad de atención médica adecuada, el acceso de los medios de comunicación y el papel del gobierno del Estado Libre Asociado.

Sobre el envolvimiento del gobierno de Puerto Rico en el caso, Abreu denunció que fue la administración del entonces Gobernador Aníbal Acevedo Vilá quien notificó a las autoridades federales del paradero de Filiberto Ojeda Ríos a cambio de una asignación de fondos para combatir el terrorismo.

Aunque Abreu reconoció la importancia del informe de la CDC en términos de su contenido, se expresó insatisfecho porque en él no se establece claramente la crasa violación de derechos que implica el asesinato.

Laboy recalcó que a la luz de este nuevo informe tanto el gobierno de Estados Unidos, como el de Puerto Rico, deben reabrir el caso para fijar las responsabilidades criminales del agente que hizo el disparo contra Ojeda Ríos, y las de Luis Fraticcelli y José Figueroa Sancha, quienes dirigieron el operativo federal entonces.

Laboy señaló que la Comisión de Derechos Civiles les envió una escueta comunicación el miércoles en la que señala que el informe sobre la muerte del líder Machetero Filiberto Ojeda Ríos ya fue referido al Gobernador y a la Legislatura, y que se encuentra bajo la consideración de la Junta Examinadora de Anuncios de la Comisión Estatal de Elecciones pendiente de autorización para su publicación, según requiere la Ley Electoral durante el periodo de veda.

El informe estuvo listo en marzo de 2011.