La mayoría del pleno del Tribunal Supremo puso por escrito por primera vez su opinión de que son ellos, y no el Juez Presidente, el que tiene el poder de administrar la Rama Judicial en una resolución en la que ordena a que la Administradora de Tribunales cancele el contrato de un investigador independiente, lo que observadores han calificado de una crisis constitucional sin precedentes.

El contenido de las resoluciones formalizadas ayer en la tarde había sido anticipado en El Nuevo Día, donde el Juez Presidente Federico Hernández Denton adelanta públicamente sus movimientos, y en El Vocero, donde la mayoría de los jueces nombrados por la Administración Fortuño adelanta sus posiciones.

Hernández Denton dijo en declaraciones escritas a los medios que disiente de las resoluciones por ser contrarias al ordenamiento constitucional y que la misma tiene el efecto de precipitar una ‘crisis constitucional’ y de mancillar la independencia judicial.

‘Mediante dichas resoluciones, el pleno del Tribunal usurpa unas prerrogativas y facultades que la Constitución le delegó expresamente al Juez Presidente’, sentenció.

Las resoluciones son dos, una que establece las reglas que seguirá de ahora en adelante cualquier investigación independiente que realice la Administración de Tribunales, y una que designa los miembros de la nueva Comisión de Investigación Especial Independiente del Tribunal Supremo.

‘(S)e le ordena a la Directora Administrativa de los Tribunales, so pena de desacato, que deje sin efecto de manera inmediata el Contrato otorgado por la OAT al Lcdo. César López Cintrón y cualquier otra contratación relacionada a la investigación’, indica la resolución de la mayoría del Tribunal Supremo, que también le prohibe a la jueza Sonia Ivette Vélez Colón realizar cualquier desembolso de fondos públicos relacionados al contrato.

La jueza Vélez Colón dijo esta tarde que no tendría reacción, mientras que Hernánez Denton y las juezas asociadas Liana Fiol Matta y Anabelle Rodríguez Rodríguez se acogieron al término de cinco días para emitir una disidencia, pero todos adelantaron el criterio que consideran que la actuación de la mayoría es inconstitucional porque interpretan que es al Juez Presidente al único que la Constitución le da poderes de administración sobre la Rama.

Expertos en Derecho han calificado esta controversia como evidencia de una crisis constitucional sin precedentes.

Para el profesor del Derecho de la Universidad Interamericana Carlos Ramos, se trata de una intención de compartir el trabajo que le corresponde al Juez Presidente, administrar el sistema, y que tuvo su origen con el deseo de la nueva mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) de aumentar la plantilla del Supremo de 6 a 9 jueces.

Ahora, de no aceptarse las nuevas disposiciones por parte de Hernández Denton o Vélez Colón, se plantearían las interrogantes de si en efecto se le puede encontrar incursos en desacato a estos funcionarios.

El profesor de Derecho Consticional Carlos Gorrín Peralta indicó en entrevista con WKAQ 580 que el Supremo no tiene capacidad de dictar desacatos en un asunto administrativo que no emana de un caso entre dos partes. Mientras, Ramos elaboró que podría recurrirse al foro federal, pero pensaría que es una contradicción que allí se considere un caso que tiene que ver con la Constitución de Puerto Rico.

‘Yo pensaría que no, que en un cuerpo colegiado, un pleno no puede encontrar en desacato a uno de sus miembros ‘, opinó por su parte el Exdecano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Efrén Rivera Ramos.

‘La facultad para reglamentar que tiene el Tribunal Supremo no puede llevarse al extremo de anular los poderes adminitrativos del Juez Presidente’, añadió.

‘En teoría, lo que tenían era que sentarse a dialogar, pero lo que hay es una intención de aprobar el reglamento e implementarlo dando una orden para que se deje sin efecto un contrato y amenazan que si no se deja sin efecto encuentran en desacato a la jueza administradora’, indicó Ramos.

‘La seriedad del tema es que no se hayan podido tomar decisiones en consenso, que es para eso que están’, insistió al describir el escenario que no tiene precedentes como grave para la democracia del país.

Por otra parte, manifestó preocupación por el hecho que desde el Senado se haya intervenido con la investigación encomendada a Cintrón.

‘Para mí es una clara violación a la separación de poderes’, advirtió.

Ese mismo argumento de separación de poderes, y de posibilidad de represalias a testigos, la levantó la mayoría del Supremo al interpretar que la encomienda de López interfiere con las investigaciones que realizan la Legislatura y el Departamento de Justicia sobre las alegaciones de que Hernández Denton usó escoltas para asuntos personales.

La nueva Comisión quedó integrada por: Gerardo A. Rodríguez (presidente), el reverendo William Hernández, la profesora Tomasita Pabón, Carmen Carro, y la licenciada María Mújica.

Para ver la Resolución con las nuevas reglas, pulse aquí.

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