El gobernador, Luis Fortuño, firmó el martes varias medidas dirigidas a garantizar mayor seguridad a las víctimas de crímenes. Una de ellas es la ley que reglamenta los celulares prepagados, mediante la creación de un registro obligatorio bajo la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones.

‘Esta medida nos permitirá prevenir, considerablemente, que los teléfonos prepagados continúen siendo utilizados por delincuentes, de manera impune, para cometer delitos y extorsionar a ciudadanos haciéndoles creer que le han secuestrado un familiar para robarle dinero’, dijo Fortuño.

Actualmente, estos teléfonos no están registrados por las distintas compañías, lo que imposibilita que las autoridades puedan rastrear al dueño del aparato en caso de un incidente de extorsión.

La información del registro a crearse estará únicamente disponible a las agencias del orden público que así lo soliciten, en caso de que realicen una investigación sobre la comisión de un delito, se presente una querella policíaca o exista una orden emitida por un tribunal con jurisdicción en Puerto Rico.

Fortuño, además, anunció las enmiendas al Código de Procedimiento Criminal. Estas enmiendas garantizan un proceso criminal más efectivo y ágil, que atienda las nuevas modalidades criminales y proteja a las víctimas.

Una de las disposiciones bajo esta medida establece que los jueces tendrán que imponer grilletes a los acusados de asesinato, narcotráfico, venta de armas, violencia doméstica (cuando la víctima reciba daño corporal), y en delitos graves que se utilicen armas.

Además, las enmiendas dan nuevas armas a los fiscales para llevar los casos y evitar que éstos se caigan por tecnicismos legales. De manera de ejemplo, se hace más riguroso el proceso para alegar incapacidad mental del acusado, y se aclara que dicha incapacidad mental tendrá que ser probada y determinada por el juez mediante preponderancia de la prueba.

De otra parte, el gobernador firmó el plan de reorganización del Departamento de Justicia.

‘El nuevo sistema se enfoca en propiciar mayores convicciones en menos tiempo, a la vez que se protegen a las víctimas’, sostuvo.

Manifestó que uno de los cambios más significativos es la creación de una nueva Oficina de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos de Delito.

Esta nueva Oficina podrá autorizar y conceder pago de compensación a víctimas y ofrecerle apoyo para lidiar con el trauma. Esto incluirá servicios de intervención en crisis, orientación, referidos expeditos a agencias gubernamentales, y familiarización con el sistema de justicia criminal.

Además, por primera vez, estos servicios, incluyendo acceso a ayuda bajo el Fondo de Compensación a Víctimas del Delito, estarán disponibles para la ‘víctima secundaria’, el testigo del crimen.

La reorganización también contempla la ampliación de los beneficios y compensaciones a víctimas incluyendo 1,000 dólares para limpieza de escena de crimen; 3,500 dólares para gastos de relocalización; cuantía por pérdida de sustento, y 1,000 dólares por reclamante para gastos de servicios psicológicos y psiquiátricos.

Además, se firmó el Proyecto de la Cámara 3635, que permite a la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ) a cobrarle a los imputados por el uso y gastos mensuales de sistemas de monitoreo electrónicos (grilletes y GPS).

Esto permitirá financiar un mayor uso de esta tecnología, para así monitorear al imputado y hacer valer cualquier orden de protección en su contra. Actualmente, el costo del GPS es de $9.25 diarios y del grillete tradicional es de $2.84 diarios.

Fortuño firmó estas medidas al participar el martes del tercer conversatorio con víctimas de violencia doméstica, donde firmó cuatro leyes para asegurar nuevas protecciones y más tranquilidad para las víctimas de crímenes.

El conversatorio se llevó a cabo en la entidad sin fines de lucro, Casa de la Bondad, albergue que ofrece servicios de apoyo a víctimas de violencia doméstica, en Humacao.

‘Estos conversatorios nos permiten recoger el insumo de las víctimas, para asegurar una respuesta más efectiva, acertada y sensible contra este mal social. Nuestra meta es ofrecerle un espacio seguro, donde puedan recobrar la paz mental y estabilidad que se merecen’, afirmó el gobernador.