La investigación que inician por distintos foros el Senado y el Departamento de Justicia sobre alegaciones de que el juez presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton, utilizó recursos públicos impropiamente puede ser cuesta arriba por la flexibilidad con la que recursos tales como las escoltas se utilizan en las tres ramas gubernamentales de Puerto Rico.

Sin embargo, si la historia sirve como precedente, lo crucial de la pesquisa puede que no sea la contundencia de la evidencia, sino cuánta controversia pública está dispuesto a aguantar el Juez Presidente, y cuánta presión se le ponga para que salga del cargo antes de que comience un procesamiento formal.

‘No son casos fáciles de investigar, la línea es bien difícil de tirarla, hay que examinar la reglamentación de la agencia en particular. Hay agencias que los reglamentos permiten algún tipo de utilización de propiedad pública, como los vehículos. La misma Legislatura permite que usen empleados y vehículos para servicios personales’, explicó el exfiscal especial independiente César López Cintrón.

El exfuncionario rehusó comentar sobre lo específico de las alegaciones contra Hernández Denton, contenidas en una querella que el alguacil del Tribunal de Carolina Alejandro Oyola Pérez sometió al Senado y Justicia con instancias de supuesto mal uso de choferes para propósitos personales, y reuniones privadas para discutir casos.

López recordó que un caso en el que participó, el del ex presidente de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública Jorge Inserni, pudo llegar a un veredicto de culpabilidad porque la prueba era en extremo clara de que se había usado propiedad pública para propósitos privados. Por ejemplo, se llamaba al chofer durante la noche para que le comprara mantecado al funcionario.

La proliferación de escoltas y choferes pagados con fondos públicos a funcionarios puertorriqueños contrasta con el gobierno federal, donde prácticamente sólo el Presidente y la Secretaria de Estado tienen escoltas y vehículos asignados.

‘Eso es muy cierto, pero aquí se permite, y se permite por reglamento, y se permite por ley. Puede que no nos guste, pero no quiere decir que está fuera de la ley’, reaccionó López sobre la diferencia entre la jurisdicción local y la federal.

El movimiento contra Hernández Denton, quien se retira por edad en 2014, tiene antecedente sólo en los años 50 del siglo pasado, con el caso del juez presidente Aaaron Cecil Snyder.

Snyder fue el primer juez presidente nombrado por un gobernador puertorriqueño Luis Muñoz Marín y su llegada al Alto Foro estuvo rodeada de controversia porque había sido el fiscal federal que procesó al líder nacionalista Pedro Albizu Campos.

Según explicó el profesor de Derecho, Luis Rafale Rivera, autor del libro ‘Cecil Snyder, entre Muñoz y Albizu’, contra el primero comenzaron a surgir denuncias públicas fuertes en radio y prensa precisamente por supuesto uso de propiedad pública para propósitos privados, y por la conducta de su esposa, Wanda, que para la época resultaba escandalosa porque incluía visitas frecuentes a casinos y porque mantenía una relación abierta con otro hombre.

La Cámara de Representantes de Puerto Rico llegó a iniciar la investigación que desembocaría en la separación de Snyder de su cargo, la cual encomendaron al posterior juez presidente del Tribunal Supremo, José Trías Monge.

‘Las denuncias en los periódicos y en la radio eran terribles. Se le acusa, digamos, que no pagaba sus deudas, (y) que utilizaba propiedad pública para propósitos privados’, relató Rivera.

Todo concluyó en 1957 cuando Snyder decidió renunciar a su cargo en aparente intento de evitar que fuera divulgado un expediente que un grupo de abogados había recopilado sobre su conducta y sus transgresiones.

Snyder murió dos años después en circunstancias misteriosas.

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