Profesores, abogados y representantes de organizaciones comunitarias solicitaron hoy al Gobernador y la Rama Legislativa que aseguren el acceso a la justicia de los pobres del país restituyendo los $2.8 millones que recortó el Congreso federal a las entidades que ofrecen servicios de representación legal civil gratuitamente.

Servicios Legales de Puerto Rico, Inc., la Oficina Legal de la Comunidad y ProBono, Inc. son las organizaciones que enfrentan una reducción del 14.8 por ciento de su presupuesto para el año 2012. Este recorte amenaza la prestación de servicios y pone en peligro la seguridad de empleo de abogados, personal de apoyo y empleados de los programas.

‘La urgencia de este reclamo está respaldada por los cerca de 40,000 casos que atienden estas organizaciones anualmente. Se trata de un servicio que resulta ser la única alternativa que tienen miles de residentes de Puerto Rico para reclamar derechos esenciales en protección de su dignidad humana’, lee la carta firmada por profesores de las escuelas de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Interamericana, Pontificia Católica y Eugenio María de Hostos y miembros de organizaciones como AARP, Fundación Comunitaria, Alianza de Líderes Comunitarios, Coalición Cero Desalojos, Casa Protegida Julia de Burgos, Asociación de Padres de Niños con Impedimentos (APNI), Movimiento para el Alcance de la Vida Independiente (MAVI), entre otros.

En la carta se reconoce el apoyo de la rama ejecutiva y de ambas cámaras legislativas a la misión de estas organizaciones por las asignaciones presupuestarias que le han otorgado anteriormente.

‘En esta ocasión la inminencia del recorte adicional notificado a fines de noviembre requiere apoyo adicional con carácter de urgencia. Solicitamos la asignación inmediata de los $2.8 millones para detener el efecto devastador de este nuevo recorte’, agrega la carta.

‘Los firmantes pertenecemos al grupo de componentes de la comunidad que promueve el acceso a la justicia en Puerto Rico. Confiamos en que esta solicitud será atendida con la premura que requiere la protección de los derechos individuales y colectivos de la población indigente del país’, concluye el documento.

La reducción es el resultado de un recorte en la asignación del Congreso de Estados Unidos a la Legal Services Corporation, entidad que distribuye fondos congresionales entre 136 programas de asistencia legal en los EEUU y sus jurisdicciones.

Por oto lado, el juez presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton, destacó también el miércoles la importancia de la Oficina Legal de la Comunidad (OLC), y de otras entidades que ofrecen servicios legales a sectores marginados de la sociedad por su misión de ampliar el acceso a la justicia para los ciudadanos y las ciudadanas de escasos recursos económicos.

Hernández Denton fue el orador invitado en la conmemoración del 30mo aniversario de la OLC en una actividad que tuvo lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

‘Deseo enfatizar que en tiempos de escasez económica nos probamos como sociedad al demostrar nuestro compromiso con el acceso a la justicia para toda la ciudadanía. Indudablemente, estamos en uno de esos momentos trascendentales. En los pasados meses he emitido varias expresiones públicas manifestando una profunda preocupación por el efecto que tendría en la Corporación de Servicios Legales el recorte de fondos por parte del gobierno federal, que se aproxima a un 14.8 por ciento de su presupuesto en la Isla para el año 2012. Advertí que la insuficiencia proyectada podría privar a gran parte de nuestra ciudadanía de servicios legales gratuitos’, indicó el juez presidente.