El portavoz de la organización ambiental Casa Pueblo Alexis Massol dijo el jueves que la Comisión Técnica y Científica de Casa Pueblo, profesores, investigadores y grupos comunitarios opuestos al gasoducto del norte impugnarán la evaluación ambiental sobre el proyecto divulgada el miércoles por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE).

‘Hay mucho de desprecio a la vida en este informe y el principal responsable es el gobernador Luis Fortuño. Cuando lo que está en juego son 200 mil vidas de nosotros, los puertorriqueños, no hacer un buen trabajo de análisis, científico, mesurado y escrupuloso, eso es desprecio’, dijo Massol.

La determinación responde a que la misma incumple con la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA, por sus siglas en inglés).

‘Continuaremos en la ruta de los próximos 30 días, esperaremos por la posible acción legal de parte de la Clínica de Asistencia Legal de la UPR, Universidad de Vermont y Servicios Legales de Puerto Rico y si estos esfuerzos no dan resultado tendremos que recurrir a la auto defensa de las aguas, los bosques y la seguridad de nuestra gente’, finalizó Massol.

De manera general, el documento admite que Vía Verde no cumpliría con su propósito propuesto de suplir gas a las generatrices del norte. El USACE prácticamente copió los argumentos presentados por los proponentes de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en su solicitud de permiso ante ese cuerpo y admitió no haber realizado estudios ulteriores para evaluar el riesgo existente de fallas por causas naturales sobre la vida de 200 mil puertorriqueños.

Según Massol, la determinación preliminar del USACE desoye además la recomendación de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) para que no se diera un visto bueno al proyecto por considerar deficiente el plan de mitigación e identificar daño permanente sobre los humedales.

Massol, afirmó en conferencia de prensa que ‘este documento no responde a los cuestionamientos presentados por científicos, técnicos, investigadores y del pueblo en general sobre los problemas que presenta este proyecto Vía Verde. En una lectura del documento revela asuntos que levanta suspicacia de la parcialidad y falta de objetividad del mismo’.

El líder comunitario denunció el que el USACE no analizará los riesgos por fallas por deslizamientos, inundaciones, sismos y tsunamis, entre otros, y que en su lugar afirmara que ‘presume que los profesionales y contratistas van a diseñar y construir un gasoducto seguro’.

‘El informe es deficiente e incompleto y acepta que no evaluó otras alternativas para reducir la dependencia del petróleo, sólo el gasoducto del norte. También concluye que aunque no se alcance la meta y los propósitos del proyecto, cualquier ahorro que se produzca, beneficia a la economía. Ese análisis no es ya mediocre, sino bajo, risible e irresponsable’, sentenció Massol.

La agrupación ambiental convocó a otras organizaciones sindicales, grupos estudiantiles, profesionales, religiosos, culturales y pueblo en general, a conformar una gran alianza para pasar de la indignación a la acción para salvar los bosques, las aguas y la gente amenazada por el ‘gasoducto de la muerte’.

Recomendó al gobierno de Puerto Rico que, de manera sensata y sosegada, evalúe otras alternativas. Dijo que Casa Pueblo se ofrece al diálogo para resolver la situación.

Ante el asunto del monopolio de EcoEléctrica como único suplidor de gas natural, y que implica que una falla en la tubería afectaría la generación eléctrica de toda la Isla, el USACE ‘responde fríamente que ellos no van a opinar sobre el asunto, es decir, se lavan las manos’.

Según el líder ambiental, sobre la preocupación latente de explosiones en comunidades cercanas a la tubería y densamente pobladas como en Levittown, el USACE acepta que no buscó información para confirmar lo expuesto en el análisis de riesgo realizado por la doctora Carmen Ortiz Roque, y que tampoco buscó recursos independientes para atender este asunto de derecho a la vida. Dicen que de haber riesgos es responsabilidad del gobierno local. Pero eso sí, acepta que las medidas de la Autoridad no eliminan los riegos de perder la vida.