Dos semanas después de que un grupo de reos murieran ahogados cuando un custodio cruzara una quebrada con una guagua, la Administración Fortuño pidió al Tribunal Federal que cierre el caso por condiciones carcelarias Morales Feliciano porque están cumpliendo con proveer necesidades básicas a los reos, y porque la cárcel no es un hotel.

El Departamento de Justicia sometió el 20 de noviembre pasado la moción en la que argumenta cómo está en cumplimiento de los distintos renglones en los que el Tribunal Federal había determinado en los últimos 30 años que el gobierno estaba violándole los derechos civiles a los confinados.

‘Los demandados sostienen que, aún si hay una determinación de incumplimiento con las órdenes o estipulaciones, hay cumplimiento con el requisito constitucional mínimo. Además, en algunas áreas, si no en todas, al confinado se le proveen condiciones, servicios, y procedimientos muy por encima de los estándares constitucionales’, sostuvo Justicia en la moción.

El caso conocido como Morales Feliciano, está activo desde 1979, y se había mantenido en un ciclo en el que el juez federal Juan M. Pérez Giménez detectaba que la Administración de Corrección (AC) incumplía con estándares mínimos en cuanto a hacinamiento, servicios médicos, comida, higiene, y otros procedimientos en los penales, y le imponía multas millonarias.

Producto de esto, se han llegado a acumular varios cientos de millones de dólares bajo la custodia del tribunal. Pero desde 2004, el Primer Circuito de Apelaciones le puso presión a Pérez Giménez para que acabe el caso, al punto que lo sacaron del pleito y pusieron al juez Paul Barbadoro. Ahora el gobierno está basándose en esa postura de los jueces apelativos para dar el último empuje y terminar con el caso.

En la moción, Justicia no detalla específicamente cómo está cumpliendo con cada uno de los estándares en los distintos renglones, pero apuntan a que cada uno de esos renglones tiene órdenes del tribunal que indican qué es lo que hay que hacer y que, por meses, o por años, los presos no se han quejado de que hayan incumplido.

El gobierno le recordó a Barbadoro que el Tribunal Supremo federal ha dicho que las condiciones difíciles y punitivas son parte del proceso de estar preso y, específicamente en cuanto a la queja de que sólo le permiten lavar ropa una vez a la semana, subrayaron que ‘los confinados no pueden esperar las comodidades, conveniencias, y servicios de un buen hotel’.