En momentos donde se discute la aprobación de un proyecto de ley que busca eliminar el gasto por servicio de celulares en la Rama Ejecutiva, la agencia asignada para destinar los fondos públicos para dicho propósito, hace mutis sobre la situación.

El P. de la C. 2238, persigue el que los jefes de las agencias restrinja los contratos por servicio de celular en cada dependencia, como parte de las gestiones del Gobierno de reducir gastos. Los empleados que tengan actualmente un celular pagado con fondos públicos, que se demuestre que no lo necesita, deberá devolverlo al titular de cada agencia. El jefe de la agencia tendrá 90 días luego de aprobada la ley para ‘rescindir de todos los contratos y deberá remitir a la Asamblea Legislativa un informe de las economías generadas o proyectadas en su dependencia por la acción tomada’.

En una reciente vista pública de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, Wilfredo Figueroa, en representación de Juan Pavía, director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), se comprometió en proveer a dicho cuerpo legislativo la información relacionada a los gastos del Estado por los servicios de celular a los funcionarios gubernamentales.

No obstante, cuando NotiCel contactó a OGP para que proveyera dicha información, Josianne Rosselló, portavoz de prensa, señaló que la dependencia no tenía los datos sobre cuántos celulares se costean con fondos públicos, cuánto dinero se invierte, cuáles son las compañías de telecomunicaciones contratadas ni qué tipo de modelo de teléfono móvil es adquirido.

A insistencias de este medio de que Figueroa, quién se identificó como analista de OGP, había quedado en brindar esa información a la Comisión, pero Rosselló manifestó que Pavía no tenía tales detalles en la agencia. Además, alegando que Figueroa ‘no esta autorizado para hablar con la prensa’, rehusó gestionar una entrevista con NotiCel para discutir estos asuntos.

Cabe señalar que según el proyecto de ley, OGP tendría la función de establecer los procedimientos para efectuar la cancelación de contratos en los servicios de celular.