A pesar de que el gobernador Luis Fortuño se paró al lado de funcionarios del Departamento de Justicia federal para prometerles cooperación en abordar el patrón de violaciones de derechos civiles detectados en la Policía, los abogados de su administración le dijeron al Tribunal Federal que el informe investigativo federal es de una naturaleza ‘inflamatoria, poco fiable, y prejuiciada’.

La postura que el secretario de Justicia, Guillermo Somoza, asumió es un mal augurio de la actitud que la actual Administración tiene para con la intervención federal y anticipa que Justicia federal, tal y como ha dicho, tendría que recurrir a un monitor para obligar al gobierno a realizar las reformas necesarias en la Uniformada.

La expresión se registró en una moción sometida en el caso de brutalidad policiaca que surgió por los incidentes del 30 de junio de 2010 en el Capitolio. Los demandantes están intentando que el tribunal le permita enmendar su demanda para incluir los hallazgos del informe, y Justicia se está oponiendo a eso.

‘El problema con el argumento de los demandantes, y su solicitud, es que depende enteramente en las conclusiones de un informe muy deficiente, que representa tener la clave de todo lo que está mal en la Policía de Puerto Rico, y ellos creen que, de alguna manera, dicho informe va a probar su caso. El informe del Departamento de Justicia federal sufre de múltiples males’, indicaron Somoza y los abogados de Justicia local.

Añaden que los hallazgos del informe federal vienen de una investigación ‘con una metodología oscura’ porque lo único que dicen es que revisaron casos y entrevistaron a oficiales pero no explican si esos casos y entrevistas son una muestra representativa del cuerpo policial.

‘Para tener un informe confiable, cuya objetividad fuera incuestionable, los investigadores tienen que haber tenido una muestra representativa, que sea una representación proporcional precisa de la población que están estudiando. No hay ni rastros en el informe de ninguna información que pueda indicar que la muestra usada era representativa de los oficiales que integran (la Policía)’, añade la moción en el caso de Rachel Hiskes contra la Policía en el que las abogadas demandantes son Judith Berkan y Mary Jo Méndez.

Lo que dijo el Gobernador antes

Los señalamientos de Justicia en la moción, y su tónica, contrastan con la que tuvo el Gobernador el 8 de septiembre pasado, cuando se paró al lado del jefe de la División de Derechos Civiles de Justicia federal, Thomas Pérez, el día en que este y su equipo publicaron el informe investigativo de 130 páginas que concluye que la Policía de Puerto Rico mantiene un patrón de violación de derechos civiles y que es usada para violentar la libertad de expresión de los ciudadanos.

‘No tengo la menor duda de que vamos a lograrlo (reformar la Policía). Esta Administración tiene un récord probado de colaboración efectiva con las autoridades federales’, planteó Fortuño al lado de Pérez.

‘Este informe debemos recibirlo como una herramienta de trabajo más, que nos ayude en el proceso que ya hemos comenzado de darte los recursos, la tecnología, el entrenamiento, y los procesos que tú necesitas para hacer mejor y más profesionalmente tu trabajo’, añadió dirigiéndose a los uniformados.

Por otro lado, y en una carta del 19 de octubre de 2010, Fortuño le pidió al secretario de Justicia federal, Eric Holder, que le de ‘la oportunidad de aprovechar la pericia sustancial del Departamento de Justicia federal’ para reformar la Policía.