El equipo legal de los residentes de las comunidades de Adjuntas y Utuado afectadas por la construcción del gasoducto, y Casa Pueblo, reiteraron al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos su oposición al proyecto por presuntos errores y deficiencias en el proceso de evaluación y obtención de permisos.

El grupo, compuesto por abogados y abogadas de Servicios Legales de Puerto Rico y de las clínicas de Derecho Ambiental de las universidades de Puerto Rico, la Interamericana y de Vermont, y Arturo Massol Deyá, de la Comisión Técnica y Científica de Casa Pueblo, enviaron una carta con sus argumentos al Cuerpo de Ingenieros.

‘Esperamos que esta sea una de muchas oportunidades para que el público se exprese y le provea información al Cuerpo de Ingenieros sobre este proyecto’, señalaron.

Insistieron en que se debe denegar el permiso al proyecto, requerir la preparación de una Declaración de Impacto Ambiental federal completa y asegurar la participación ciudadana a través de la celebración de nuevas vistas públicas.

También mencionaron los principales asuntos técnicos y de presuntas violaciones de ley que han plagado el proceso seguido por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para obtener el permiso.

Los abogados mencionan la falta de capacidad de la compañía Eco Eléctrica para procesar y producir el volumen de gas necesario para el gasoducto y que la AEE ha creado confusión e incertidumbre sobre qué empresa y qué método se utilizará para suplir el gas natural al proyecto.

‘Mientras el proponente no pueda identificar su fuente para suplir el gas y presente evidencia que la sustente, la Vía Verde no puede ser considerado, un proyecto completo y sus impactos no pueden ser evaluados suficientemente’, argumentaron.