El secretario de Transportación y Obras Públicas, Rubén Hernández Gregorat, defendió que el gobierno decidiera construir la extensión del Ruta 66 de Canóvanas a Río Grande a un costo de $118 millones, pese a que el gobernador Luis Fortuño había anunciado que el proyecto se haría a través del mecanismo de las Alianzas Publico Privada (APP)

El negocio no parecía ser redondo para las APP, que sí se llevaron el contrato de privatización de los expresos PR-22 y PR-5.

Hernández Gregorat indicó que una de las razones de peso para que la extensión de la Ruta 66 no la hiciera una APP, como había anunciado Fortuño, es que el gobierno no era propietario de los terrenos por donde discurrirán los 15 kilómetros de carretera.

‘Típicamente se evalúan las alternativas, se hizo un estudio de deseabilidad y conveniencia y se determinó que era más importante adelantar otros proyectos… no es lo mismo la PR-22, que es más extensa, que construir un tramo corto de la Ruta 66’, dijo el funcionario a NotiCel.

Para el gobierno poder construir la carretera, que discurrirá desde los ‘outlets’ de Canóvanas hasta la entrada de un hotel en Río Grande, tuvo que tomar un nuevo préstamo o línea de crédito por $300 millones que autorizó la Legislatura.

El préstamo incluye los $118 millones para extender la Ruta 66, $106 millones para repavimentar las carreteras rurales en la región montañosa del país y $26 millones para el control de inundaciones en la carretera PR-3 intersección con la PR-53 de Fajardo.

Ese tramo siempre queda intransitable cuando se desborda el Río Fajardo en temporada de mucha lluvia.

Para administrar la PR-22 y la PR-5, el consorcio privado que operará ambas autopistas le pagará al gobierno $1,436 millones.

El secretario del DTOP adelantó que, en un futuro, otras autopistas del país podrían ser operadas por compañías privadas. Igualmente, señaló que con esta APP se espera generar al menos 400 empleos directos e indirectos a corto plazo, y otros tantos a largo plazo.