En anticipo a la vista del próximo 15 de julio en la que se indagará cómo un documento sensitivo del FBI acabó en manos del Presidente del Senado, la fiscalía federal radicó una moción en la que asegura que la divulgación ha causado daño a sus investigaciones, y subrayó lo sospechoso que es que el legislador haya publicado el documento cuando estaba bajo fuego por el contrato del asesor Richard Roark.

La moción ocurre como parte de la orden que ha dado el juez federal Francisco Besosa para que las partes en el caso del convicto ex senador Héctor Martínez se pongan en récord sobre la divulgación del informe en el que un agente resume una entrevista que le hizo en 2009 al convicto ex senador Jorge de Castro Font.

En esa entrevista, De Castro supuestamente detalló todas las personas que le dieron dinero en sus años como político activo. Entre éstos, figuraba el dueño de El Nuevo Día, Antonio Luis Ferré, lo cual sirvió de base para un ataque de Rivera Schatz desde el hemiciclo a la familia Ferré.

El fiscal Peter Koski sostuvo en la moción radicada el viernes en la tarde que las autoridades federales no son responsables de la divulgación, que la divulgación sólo ocurrió después de que le entregaran el documento a los abogados de Martínez, y que la divulgación les ha provocado daño.

‘La divulgación de este documento sensitivo en violación de la Orden Protectora de este tribunal ha obstaculizado significativamente la investigación y procesamiento de delitos federales. La divulgación de esta extensa entrevista, ha inhibido la posibilidad del gobierno para fomentar la cooperación, y ha atrasado significativamente la capacidad del gobierno para desarrollar fuentes, ya que las fuentes y cooperadores potenciales ahora temen que su identidad y la información que provean puede ser revelada en la misma forma en que se reveló el informe de De Castro. La divulgación de este documento también ha expuesto información sensitiva sobre otra actividad criminal que el gobierno ha investigado, revelando así el conocimiento que el gobierno tiene de esta actividad y sus participantes, y las potenciales fuentes de información’, argumentó el fiscal Peter Koski.

El documento añade que la fiscalía federal entregó el documento a los abogados de Martínez el 4 de febrero de 2011 y llamó la atención a que el presidente senatorial Thomas Rivera Schatz la reveló cuando estaba en problemas por las críticas públicas al contrato del asesor Richard Roark, quien compareció a una reunión con el juez en el caso de Martínez en capacidad de abogado de Martínez.

‘[E]l momento de la divulgación por parte de Rivera Schatz -apenas unos días después de unos artículos en El Nuevo Día criticando a Martínez y Richard Roark, uno de los abogados de Martínez con supuesto acceso al informe de la entrevista de De Castro- es particularmente sospechosa’, subrayaron.