La American Civil Liberties Union (ACLU) radicó una demanda federal millonaria por violación a los derechos fundamentales de la maestra escolar y su hija menor desalojadas a la fuerza del Capitolio hace hoy exactamente un año.

Ese día, decenas de manifestantes llegaron hasta el Capitolio para protestar por el cierre de las gradas del Capitolio al pueblo de Puerto Rico, por el alza en la matricula de la UPR y por medidas relacionadas a la Ley 7, pero fueron sacados de allí a macanos y con pepper spray.

En la demanda, radicada el miércoles bajo la firma de los abogados Harry Anduze Montaño, Josué González Ortiz y José Morales Boscio, se indica que la menor fue reiteradamente golpeada en la cabeza con una macana y una vez estaba en el suelo, fue pataleada y arrastrada por los pies, lo que le provocó serias heridas, incluyendo que un agente le arrancara un mechón de su cabello.

Cuando la demandante Betty Peña Peña fue al auxilio de su hija menor, también resultó agredida y heridas.

Segúnun comunicado de laACLU, ‘la conducta nefasta de la policía de Puerto Rico no solo atentó contra la integridad corporal de las demandantes, sino que además seriamente laceró sus derechos fundamentales y de todos los que allí se manifestaban, según garantiza la Constitución de Estados Unidos y del Estado Libre Asociado de Puerto Rico’.

Por varios años, la ACLU ha denunciado un serio patrón y práctica de abuso policiaco en Puerto Rico, que en la actualidad se ha elevado a nivel de crisis de Derechos Humanos. La organización ha llevado sus planteamientos a la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia Federal y varias entidades internacionales de Derechos Humanos.

Para la ACLU, el hecho de que ‘el gobierno de turno reiteradamente utilice la policía como un instrumento de supresión de expresión y represión contra manifestantes, no solo violenta los derechos constitucionales garantizados, sino que también constituye preocupante patrón de violaciones de principios de derechos humanos’.