Diversas organizaciones de la Universidad de Puerto Rico demandaron en la mañana de hoy al gobernador Luis Fortuño, al presidente de la Institución, Miguel Muñóz; a la Junta de Síndicos y a otros funcionarios del gobierno con el fin de lograr acceso a la información pública relacionada con el inventario del caudal de bienes muebles e inmuebles del primer centro docente del país.

La presidenta de la Confederación de Asociaciones de Profesores Universitarios (CONAPU), Nora Rodríguez, sostuvo que la información de las herencias recibidas en los últimos 88 años había sido requerida a todos los funcionarios.

‘Al no responder evidencian su rechazo a dar acceso a la misma aunque se trata de información pública. Detrás de la negativa de la UPR y del Gobierno a mostrar la información solicitada, simultáneamente se han dado a conocer extrañas transacciones y movimientos de manera furtiva que ponen en alerta a la comunidad universitaria en cuanto al manejo del capital y recursos de nuestra centenaria universidad’, denunció.

Rodríguez señaló que los administradores de la Universidad vendió por el barco RV Chapman de 38 metros de eslora por debajo de su valor.

‘Además, vendió en a penas $11 mil el barco RV Pezmar de 20 metros. Mientras tanto, se han reducido en más de 80% los egresados del programa de ciencias marinas al no contarse con las facilidades que requiere la práctica en discplina’.

La profesora del recinto de Bayamón recordó además que en días recientes investigaciones de la comunidad universitaria han puesto al descubierto los planes de la Universidad de entregar una finca de 100 cuerdasa a cambio de once fincas de menor cabida.

Además fueron demandados, el Secretario de Justicia, el Presidente del Banco Gubernamental de Fomento y al Secretario de Hacienda.

Las organizaciones que sometieron el recurso legal son: la CONAPU, la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, la Hermandad de Empleados Excentos No Docentes, el Sindicato de Trabajadores de la UPR, el Comité de Representación Estudiantil, el Consejo General de Estudiantes, padres y egresados.

El abogado de estas organizaciones, Luis Pabón Rojas adelantó que se pudieran estar tomando otras acciones, además de la vía legal. Sin embargo, prefirió no apresurar los detalles.