El costo social y económico de la impericia médica en la Isla lleva más de una década debatiéndose en Puerto Rico, con su más reciente ‘revival’ en las pasadas semanas. Desde entonces, al menos ocho medidas han sido evaluadas o radicadas, la más reciente de ellas en la tarde de ayer por el Ejecutivo. Mientras tanto, el paciente sigue siento la eterna víctima.

Luego de que se le adjudicara la insuficiencia degalenos especialistas en el País al aumento de casos por impericia médica, la Comisión de Salud del Senado evalúa el Proyecto 1609 que limitaría a $75,000 la remuneración que puede recibir una víctima de negligencia médica.

Y ayer La Fortaleza radicó su propia medida, el Proyecto de la Cámara 3453,que propone aumentar dicho tope por daños no económicos a $250,000, establecer un procedimiento especial paraatender estas demandas judiciales y la creación de un Fondo de Víctimas de Negligencia Médico-Hospitalaria.

El Fondo, que se usaría para responder en aquellos casos en que los imputados no tengan solvencia para responder por las sentencias, estaría adscrito al Banco Gubernamental de Fomento y se nutriría de aportaciones de los médicos y los hospitales.

La escasez de especialistas en realidad advino a Puerto Rico tras la privatización de los hospitales públicos en la década del90, lo que redundó en la eliminación del 70% de los programas de residencias médicas en la Isla.

A eso se suma que la falta de seguros que cobijen adecuadamente a los médicos de la Isla ha provocado que los especialistas que quedan opten por solo realizar sus procedimientos de alto riesgo en los hospitales del Centro Médico y de la Universidad de Puerto Rico, donde tienen inmunidad.

Pero tanto en este escenario, como en el que impulsan los galenos a través de la Legislatura y el Ejecutivo con un tope en la compensación a las víctimas de negligencia, los afectados son los pacientes.

‘Si a su hija un doctor la deja ciega por negligencia, el valor de su vista y del resto de su vida no será más que los 75,000 dólares que le asignen’, comentó Rafael García Rodón, abogado litigante de consumidores.

Según expone el proyecto 1609, el motivo para imponerle un tope a las reclamaciones surge de que la mayoría de los casos de impericia se relacionan a procedimientos quirúrgicos y esto ha llevado a los médicos a ‘practicar medicina defensiva y a limitarse en los tipos de casos que atienden’.

En la actualidad, el Sindicato de Aseguradores para la Suscripción Conjunta del Seguro de Responsabilidad Profesional Médico-Hospitalaria (SIMED) es una de las pocas aseguradoras que ofrece cubierta a los galenos. Sin embargo, la póliza sólo otorga $100,000 por incidente y $300,000 por el total de demandas al año, lo que no es suficiente para cubrir los riesgos que representan las intervenciones por trauma o condiciones crónicas.

La senadora Lornna Soto ha radicado una serie de proyectos que proponen exenciones y alivios contributivos a los médicos que adquieran pólizas de responsabilidad profesional por cantidades mayores a las que establece la ley, pero aún no se han llevado a evaluación.

Otro de los alegatos que presenta el Proyecto 1609 del Senado es que muchas de las demandas son frívolas y aun así SIMED penaliza severamente a sus asegurados.

El licenciado García Rodón explicó que esa medida legislativa protege a los médicos de casos meritorios y no de casos ‘frívolos’, que se caen por sí solos. SIMED no estuvo disponible para corroborar la información.

De aprobarse y firmarse una medida como esa, $75,000 sería la suma máxima total que podrían solicitar las víctimas de impericia, aun si la demanda involucra a más de un médico o a más de una institución de cuidado de salud.

De ocurrir lo que la medida define como negligencia crasa, o ‘un absoluto menosprecio u omisión de todas las precauciones exigibles del cuidado médico’, el Tribunal sería el responsable de determinar cuánto más dinero puede recibir la víctima. Si se llegara a probar la negligencia crasa, el Tribunal ordenaría a la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de Puerto Rico (antiguo Tribunal Examinador de Médicos) revocar la licencia o el certificado de autoridad al profesional de la salud.

‘Lo que fomenta esto es la irresponsabilidad médica pues si por un ‘malpractice’ (negligencia médica) usted pierde a un ser querido, usted y toda su familia se tienen que conformar con el dinero que le asignen. Sin embargo, si usted atropella a un médico, él puede demandarlo por la cantidad que desee’, argumentó García Rodón.

Lamedida también permitiría que aquellos culpables de impericia puedan pagar a plazos en un periodo de ocho años el monto total de la compensación. En caso del deceso de un demandante al quese le haya adjudicado una compensación, sus herederos tendrían derecho a recibir el total del balance restante de la compensación.