Ante la crisis económica y la amenaza de que los bonos de Puerto Rico pueden ser degradados ante lo excesivo de la deuda pública, la administración que dirige Luis Fortuño no parece amilanarse y le otorgó una enmienda al contrato del ex juez del Tribunal Supremo y presidente de la Asociación de Abogados de Puerto Rico, Efraín Rivera Pérez, aumentándole la friolera de unos $33,000 en cada uno de los meses de abril, mayo y junio.

Así lo evidencia el registro de contratos de la Oficina de la Contralora, Yesmín Valdivieso, con el documento contractual número 2011-000029 cuya efectividad es del pasado ocho de octubre del 2010, por la cantidad de $200,000 y vigente hasta el próximo 30 de junio.

La enmienda A, efectiva desde el pasado primero de abril, establece que el contrato aumentó en $100,000 para los próximos tres meses.

Rivera Pérez es quizá el contratista individual mejor pagado en la administración Fortuño. A su nombre, sólo ese contrato le produjo unos $25,000 en los primeros ocho meses y sobre $58,000 en los últimos tres.

Rivera Pérez, un activista del partido de gobierno, el Nuevo Progresista (PNP) y ex asesor de La Fortaleza bajo la administración Rosselló, renunció el pasado mes de julio a su silla del Tribunal Supremo para integrarse casi de inmediato a la práctica privada en un pleito que se encuentra en su etapa apelativa y que involucra usura por parte del inversionista y prestamista del área sur del país, Roberto Hatton Gotay.

El pasado 24 de septiembre el gobernador Fortuño nombró a Rivera Pérez como monitor especial de la Policía, alegando que ‘vamos a reformar la Policía de la A a la Z’.

Rivera Pérez se alega que es uno de los que viaja frecuentemente a la Capital de Estados Unidos, Washington DC, a negociar con la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Justicia allí, la posible puesta en sindicatura de la Policía de Puerto Rico, ante actos relacionados con la violación de derechos civiles que se vienen descubriendo como un patrón desde por lo menos los pasados diez años.

El monitor policiaco es el presidente de la recién creada Asociación de Abogados de Puerto Rico, una agrupación de abogados estadistas que tiene una membrecía de poco más de 200 letrados que pretende desbancar al Colegio de Abogados.

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