Un cambio de postura sin precedente del Departamento de Justicia y la Oficina para el Financiamiento Socioeconómico y la Autogestión (OFSA), antes Oficina de Comunidades Especiales (OCE), atenta contra la permanencia de las comunidades de escasos recursos en la isla, denunciaron representantes de diversas organizaciones.

De acuerdo con los portavoces de la Alianza de Líderes Comunitarios, la Coalición Cero Desalojos, la Coalición de Líderes Comunitarios y Un Solo Movimiento el cambio de postura consistió en que Justicia ahora no defiende la designación de las comunidades especiales, lo que las hace más vulnerables a los intentos de expropiación por parte de los municipios, principalmente en el caso de Guaynabo.

‘Obtuvimos una victoria en el tribunal en el caso del Municipio de Guaynabo contra la OCE. Ahora el Departamento de Justicia, representando a la OCE, cambia de parecer y prefieren la derrota. La OCE ya no se defiende a sí misma ni a la ley que la creó’, indicó en comunicado de prensa Jorge Oyola, portavoz de la Comunidad Los Filtros.

‘Detrás de todo esto, está la ley de expropiaciones y el intento del Alcalde (Héctor O’Neill) de quitar los terrenos a los pobres para sus proyectos caros. Ahora están en peligro las comunidades de Guaynabo, pero este caso podría impactar a las cientos de comunidades especiales que están cobijadas bajo la Ley 1 y abrir la puerta para que otros municipios expropien a mansalva’, señaló por su parte Wilfredo López de la comunidad Sonadora y Un Solo Movimiento.

El cambio de postura de Justicia se dio ante la apelación del Municipio de Guaynabo a la sentencia recibida en el caso que iniciaron en el 2007 contra la OCE. En ese litigio, el ayuntamiento pretendía que se declarara nula la designación de comunidades especiales hecha a las comunidades de Guaynabo.

Su argumento principal era que la Ley 1 del 1 de marzo de 2001 concedía a los municipios el poder de veto sobre la designación de las comunidades especiales porque la ley de Comunidades Especiales y sus enmiendas impiden que un Alcalde expropie a una comunidad especial a menos que el 75% de los residentes de la misma aprueben la expropiación.

Las comunidades especiales de Camarones, Corea, Sabana, Jerusalén, Vietnam, representadas por Servicios Legales de Puerto Rico, y la comunidad Los Filtros fueron parte interventora y presentaron evidencia extensa sobre la participación de la administración de ONeill en el proceso de consulta para la inclusión y designación de comunidades especiales en el municipio. Durante la etapa inicial ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan la OCE, representada por Justicia, defendió la designación de las comunidades especiales de Guaynabo y argumentó en contra del Municipio en cuanto a su participación en el proceso.

Ante su derrota en el foro superior, el Municipio de Guaynabo, ahora representado por el Bufete Reichard y Escalera, apelò la decisión. Y Justicia, representando a la OFSA, entonces, presentò su nueva postura apoyando los argumentos del Municipio de Guaynabo y arguyendo que no hay prueba de que se haya realizado una consulta sustancial con el Alcalde.

Los portavoces comunitarios levantaron su voz de alerta a las comunidades ante el riesgo que representaría un resultado desfavorable en este caso.

‘Si no prevalecemos en esta lucha, más de 700 comunidades especiales y sobre un millón de residentes quedaremos a merced de los caprichos de los alcaldes y desarrollistas inescrupulosos. Perdemos la participación en nuestro propio desarrollo,’ advirtió Mía Torres, líder de la Comunidad Vietnam de Guaynabo.

Según se señaló, el Tribunal Superior de San Juan reconoció en su sentencia la trascendencia del Programa de Comunidades Especiales y aclaraba que la Ley Núm. 1 no excluye la participación de los municipios en el desarrollo de las comunidades, al contrario, fomenta la participación de todas las partes en el establecimiento e implantación de planes estratégicos de desarrollo comunitario.