El superintendente de la Policia, José Figueroa Sancha reconoció el uso excesivo de los agentes de la uniformada ante la delegación especial de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés). Sin embargo, otros altos funcionarios se mantienen en la negativa de que haya existido algún tipo de exceso fuerza en manifestaciones en contra de las políticas Fortuño.

‘Yo participé en todas las reuniones y no fue hasta esta mañana que por primera vez por fin representantes del Gobierno, más en particular de la Policía, José Figuera Sancha, admitió que hubo excesos en la fuerza de la policía. Tuvimos que esperar un día y medio para que alguien nos haga esa admisión a nosotros que era tan obvio. Uno lo puede ver en la pantalla cada vez que ve los videos’, detalló ayer Juan Cartagena, quien pertenece a la comisión y preside el Latino Justice Program.

Mientras, los otros funcionarios con los que se han reunido los miembros de la delegación especial -el secretario del Departamento de Justicia, Guillermo Somoza; el secretario del Departamento de Estado, Kenneth McClintok; el secretario de la Gobernación, Marcos Rodríguez Ema; el presidente interino de la Universidad de Puerto Rico, Miguel Muñoz y la rectora del Recinto de Río Piedras, Ana Guadalupe- insistieron en que la Policía no ha incurrido en abusos.

El ex pelotero Carlos Delgado denunció que la mayoría de los funcionarios fueron evasivos y que mantuvieron una actitud defensiva ante los miembros de la comisión que pretende enmarcar su investigación en el abuso policiaco durante los último 5 años.

‘Nos dio trabajo comunicarnos. Hubo una actitud bastante defensiva de algunas de las personas y como que nos querían cambiar el tema porque se vinieron a discutir unos temas de derechos civiles y abusos policiacos, y nos refutaron con otras cosas que, ciertamente, no tenían nada que ver en el asunto. No entiendo cual es la actitud defensiva’, indicó Delgado.

El director nacional de la ACLU, Anthony Romero sostuvo que los funcionarios ni tan si quiera pudieron responder a preguntas de qué hubieran hecho distinto en los últimos dos años en que ha estado en funciones la administración de gobierno.

Además Romero cuestionó la falta de preparación de la administración de la UPR ante la llegada de la Policía a la institución.

‘Lo hubiesen pensando mucho más antes de invitarla (a la Policía): a quién iban a invitar, por qué, qué nivel de uso de fuerza iban a tolerar, cómo iban a comprobar los abusos y los problemas que los estudiantes iban a enfrentar. No se prepararon lo suficiente’, apuntó.

Por otra parte, Romero aseguró que la investigación de la ACLU a penas está comenzando y que entre los hallazgos existe una verdadera necesidad de abrir el diálogo en la Isla.

‘Queremos darles el caviar de lo que encontramos en solo dos días, es la punta del hielo. No hay forma que un grupo de individuos que no viven aquí pueda entender las causas de lo que pasa en Puerto Rico. Creo que lo más importante es que estamos realizando la investigación, en la que seguimos recogiendo evidencia, testimonios, documentos de civiles y oficiales gubernamentales para el mejor esfuerzo’, sentenció

Tras dos días de escuchar testimonios de la ciudadanía, de la prensa y estudiantes universitarios que participaron durante el proceso huelgario, los miembros de la comisión -Romero, Cartagena, Delgado, William Ramírez, director ejecutivo de la ACLU en Puerto Rico; Ángelo Falcón, director del National Latino Policy; y la actriz Rosie Pérez- coincidieron en que el panorama pinta peor de lo que anticipaban antes de comenzar la investigación.

Romero detalló que continuarán con la compilación de documentos por parte del gobierno local para concluir el informe en los próximos días. Después, lo entregarán ante el Departamento de Justicia federal y otras agencias a nivel estatal.

‘Lo más importante que vamos a tener que hacer es monitorear los compromisos que ha hecho la Policía, asegurar el hecho que lo van hacer y que no solamente lo hablan.

La ACLU también dará seguimiento al entrenamiento de los agentes sobre como proteger y asegurar los derechos civiles y la nueva política del uso de la fuerza.