El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) no aporta desde hace tres años los fondos asignados a Casa Pueblo de Adjuntas para administrar el Bosque del Pueblo, aseguró a NotiCel Arturo Massol, quien reaccionó así a las acusaciones del secretario del PNP, Héctor Morales, que propuso hoy investigar el manejo que realiza la organización ambientalista no lucrativa del paraje protegido por Ley.

Morales aseguró en Radio Isla que esa ‘gente’ de Casa Pueblo ‘esta tratando de tirar sombra’ al proyecto del gasoducto que pretende construir el Gobierno de Luis Fortuño mientras que en el manejo del Bosque del Pueblo se están produciendo ‘muchas barbaridades’ que se encontrarán en una investigación a la entidad ecologista y comunitaria.

Casa Pueblo hizo público hoy los resultados de un estudio realizado por ingenieros ecologistas en el que se concluye que si el gasoducto hubiera estado construido en 2009 los consumidores se hubieran ahorrado 1.2 centavos de dólar por kilovatio hora, frente a los 21 o 22 centavos que asegura la Autoridad de Energía Eléctriva (AEE) que supondría el cambio al gas natural.

Para Massol, las declaraciones de Morales contra Casa Pueblo y el supuesto mal manejo de los fondos que le asigna el DRNA no son más que ‘una estrategia para desviar el asunto en discusión’.

Massol explicó que ‘el Bosque del Pueblo se maneja con transparencia como fideicomiso’ en el que ‘nadie recibe un salario’ y todos los que colaboran lo hacen con carácter voluntario ‘con el compromiso de defender el Bosque del Pueblo, la Cordillera Central y la isla de Puerto Rico’.

El ambientalista insistió en que el asunto en cuestión es el gasoducto y el de ‘desenmascarar un proyecto que es un fraude, porque no tiene gas y pondrá a 200 mil personas en riesgo permanente’ y que a través de una ‘cortina de humo’ se pretende establecer ‘un proyecto evidentemente corrupto’.

Enfocado en ese objetivo, Massol no quiso entrar en detalles sobre el manejo que realiza Casa Pueblo de los fondos que le asigna el DRNA para administrar el Bosque del Pueblo. Sin abundar en aspectos como el monto total de los fondos asignados, el ecologista dijo ‘off the record’ primero, y autorizando su divulgación, después, ante la insistencia de NotiCel, que el ‘DRNA no ha puesto un centavo desde hace 3 años’ de los fondos que se supone proveyera a Casa Pueblo.

Massol insistió en no entrar ‘en dimes y diretes’ porque la administración de Casa Pueblo es ‘transparente’ y para no distraerse del asunto importante, que sería que el proyecto de gasoducto se realizó de una forma ‘corrupta’.

Hoy trascendió en varios medios de comunicación que el presidente de la compañía Ray Engineers, PSC, Pedro Ray Chacón, estaba en la ruina y sus empleados lo habían denunciado por no pagar los salarios cuando recibió del gobierno un contrato de $9.6 millones para diseñar el gasoducto cuando todavía Fortuño ni había establecido el estado de emergencia energética en el país.

Massol instó a preguntar a Fortuño si antes de ser gobernador había trabajado como abogado para esa compañía o alguna relacionada y exhortó al primer ejecutivo a que en su próximo mensaje de estado de mañana cancele todos los contratos comprometidos para el gasoducto para que demuestre que es el abogado del pueblo y no un abogado corporativo.

Insistió en que con respecto al Bosque del Pueblo, la administración Fortuño ‘lo único que ha hecho es obstaculizar el manejo’.

Casa Pueblo, después de una histórica victoria contra los intereses mineros en el area, inició una intensa campaña en el 1995 encaminada a transformar la zona en un Bosque Puertorriqueño protegido por ley. Los objetivos eran rescatar la tierra agredida por la exploración minera, garantizar su recuperación, conservar la zona y cerrar aun más las puertas del fantasma de la minería. Un año y medio después, se logró la designación de la zona como el Bosque del Pueblo.

‘Esta gloriosa victoria alcanzada por iniciativa comunitaria ha sembrando un hito de perseverancia, compromiso y esperanzas para Adjuntas, Puerto Rico y la Humanidad. Ha servido de estímulo para que grupos aporten en la protección de la infraestructura verde de Puerto Rico’, defiende Casa Pueblo.