La presidenta de la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes, Liza Fernández, indicó que el representante popular Luis Raúl Torres tiene 15 días laborables para contestar la querella presentada ante ese organismo legislativo por 11 personas que le imputan presuntas violaciones a los códigos de Ética del cuerpo legislativo, el Penal y la Ley de Crímenes de Odio estadounidense de 2009.

Fernández indicó que ya se le notificó al legislador de la querella en su contra y que se le envió copia de todas las declaraciones juradas presentadas ante la Comisión de Ética, que también recibió grabaciones de audio y vídeos.

‘Él tiene 15 días laborables para contestar la misma’, dijo Fernández, quien aclaró que hasta que eso no suceda la Comisión no decidirá si asume jurisdicción y comienza una investigación contra Torres.

‘La querella se radica por difamación. Ellos presentan como parte de su querella todo un trasfondo de por qué se constituye la difamación’, aclaró Fernández.

Indicó que la querella hace referencia a incidentes ocurridos en el 1995 y que los mismos ocurrieron fuera del período en que Torres comenzó a fungir como legislador, los que no podrían ser determinantes a la hora del análisis que hará la Comisión cameral.

‘Pero hay otras alegaciones que sí están dentro del período que él era legislador, así que basado en el precedente que ya se sentó con el caso de (el ex representante Iván) Rodríguez Traverzo pues entiendo en que no debe haber problema en entrar en eso, pero ya lo otro estaría fuera de la jurisdicción de la Comisión porque nosotros sólo tenemos jurisdicción en asuntos mientras el legislador fue (o es) legislador’, sostuvo Fernández.

La querella, sometida por 11 hombres y mujeres, entre ellos ex miembros de la congregación Mita y ex estudiantes de empresas controladas por esa orden religiosa, indica que desde 1994 Torres presuntamente ‘ha sido parte del andamiaje de violencia y corrupción dirigido por Teófilo Vargas Seín, Rosinin Rodríguez Pérez y Gladys Acosta Vázquez, presidente, vicepresidente y oficial de la Congregación Mita, en perjuicio de los feligreses y el orden público’.

En un comunicado que coloca de contacto al abogado Thomas Bryan, los querellantes señalan que a cambio de su participación en ese supuesto ‘esquema de violencia y corrupción’, Torres ha logrado para sí el financiamiento ilegal por parte de la Congregación, de sus campañas políticas y la movilización de los clérigos de la Congregación para que presuntamente voten por él en primarias y elecciones generales.

Los querellantes argumentan que la evidencia que supuestamente tienen contra el representante del PPD es contundente.