Vecinos de San Juan aprovecharon hoy el paso de los atletas que participaron en el triatlón Ironman para hacer sentir sus reclamaciones, que no se limitaron a los problemas de acceso a la isleta de San Juan e incluyeron críticas al gasoducto que pretende construir el Gobierno de Luis Fortuño por la vía rápida o a la cuota de $800 impuesta a los estudiantes de la UPR.

Al paso de los atletas por el Morro se desplegaron pancartas, además de contra la gestión de los accesos al tráfico de vehículos de la isleta de San Juan, contra la administración del gobernador Luis Fortuño por tratar de construir un gasoducto a pesar de las numerosas críticas y contra la imposición de una nueva cuota en la matrícula para estudiar en la Universidad pública.

Los sanjuaneros ya no saben qué hacer para que se les tenga en cuenta a la hora de que el Municipio conceda permisos para celebrar actividades que habitualmente a ellos como residentes les supone gravosos inconvenientes para llegar a sus casas o desplazarse a otros lugares fuera de la ciudad amurallana.

En el caso del Ironman, los vecinos insisten en que no fueron informados con la antelación suficiente como para expresar su oposición o tomar medidas preventivas y que si se les había asegurado que pondrían a su disposición un carril de la AMA para que pudieran acceder con facilidad al Viejo San Juan, finalmente, la promesa no se cumplió.

Y es que los sanjuaneros no acaban de salir de una incomodidad en el acceso a sus residencias cuando se les plantea una nueva molestia para entrar y salir de la isleta de San Juan. Si no es el Sofo que corta la calle Fortaleza, son las obras interminables de readoquinación en la Tetuán las que impiden la circulación racional en el casco antiguo de la capital.

La más reciente actividad que impidió el flujo regular desde y hacia el Viejo San Juan antes del Ironman, fue la bicicletada de la ‘Recreovía’ del alcalde Jorge Santini.

Pero cuando todavía hay sanjuaneros tratando de llegar a sus casas por el triatlón, la Legislatura anuncia una nueva actividad que supondrá el cierre de uno de los accesos a la ciudad amurallada del 21 de marzo al 1 de abril.

El superintendente del Capitolio, Eliezer Velázquez Quiles, informó el cierre temporero de la avenida Muñoz Rivera, que sirve de acceso al Viejo San Juan, debido a preparativos que se estarán realizando por la inauguración de la Plaza San Juan Bautista ubicada en el lado norte de la Casa de las Leyes.

El Superintendente del Capitolio recomendó utilizar como vía alterna la avenida Fernández Juncos para acceder al Viejo San Juan ya que se estará cerrando la avenida Muñoz Rivera a la altura de la calle Reverendo Gerardo Dávila. El tráfico será desviado hacia el Paseo Covadonga.

El Senado y la Cámara de Representantes inaugurarán la Plaza San Juan Bautista el 30 de marzo de 2011 a partir de las 4:00 de la tarde.

Según Juan Fernández, portavoz de los residentes que se están organizando para llevar a cabo una protesta contra el cierre continuo del casco antiguo por distintas actividades el próximo 4 de abril, ante la celebración hoy del Ironman se demostró ‘una vez más que no existimos, no importamos, no votamos y no estamos’.

Una carta con las peticiones de vecinos y comerciantes será leída el 4 de abril en la Plaza de Armas y el grupo pretende entregarla en la alcaldía ese día.

El movimiento ha recalcado en un documento que el Viejo San Juan es Patrimonio Mundial de la Humanidad y que las familias que habitan en el área tienen ‘derecho a una vida de calidad’.

Además, advirtió que en el casco antiguo ‘existe un comercio que da empleos directos e indirectos a sobre diez mil personas y generan millones de dólares para Puerto Rico provenientes del turismo’.

Igualmente, señala que la ciudad ‘fue construida y diseñada peatonalmente y antes del invento del automóvil. Aquí operan el municipio, Hacienda, Fortaleza, el Departamento de Estado, Turismo, el Capitolio y otras dependencias’.

‘Aquí trabajan sobre cinco mil empleados públicos, se realizan todas las manifestaciones políticas y protestas sindicales del país, e innumerables actividades de tipo cívico-cultural, además de que se ofrecen servicios que todo puertorriqueño necesita recibir en algún momento’, afirma la nota que circula en internet.

El movimiento pide que ‘antes de otorgar permisos que puedan afectar a terceros en el Viejo San Juan la oficina de urbanismo del municipio venga obligada a comunicar la solicitud, con por lo menos 30 días antes de ser concedido el permiso a todos los dueños de los edificios del Viejo San Juan, quedando estos obligados a su vez a comunicar el asunto a sus inquilinos sean residentes o comerciantes’.

También solicitan que si existe un grupo de 25 o más vecinos que se opongan a una actividad, el municipio debe realizar vistas públicas ‘para que las partes tengan derecho a expresar sus razonamientos y argumentos, quedando la decisión final sobre la otorgación o no del permiso a cargo del municipio, pero teniendo conocimiento de todos los pros y los contras de concederlo’.