El secretario de Justicia, Guillermo Somoza, dejó entrever hoy que esa agencia no se inclina a procesar criminalmente en la esfera estatal al convicto senador novoprogresista Héctor Martínez, mientras el gobernador Luis Fortuño insistió en que el legislador debe renunciar, aunque no descartó una reunión con éste para tratar de convencerlo que eso es lo correcto.

‘Estamos evaluando, pero no podemos perder de perspectiva que en el tribunal federal quienes juzgaron fueron los pares y los pares fueron personas puertorriqueñas, independiente que haya sido en el foro federal. Es sumamente importante que no volvamos al pasado con lo que puede ser la concurrencia, procedimientos idénticamente habiendo convicción en lo federal, pasando todo el proceso en lo estatal para que cumplan de manera concurrente’, dijo Somoza en conferencia de prensa junto al mandatario en Bayamón.

No quiso contestar directamente si renuncia a la radicación de cargos en la esfera local, aunque en su respuesta pareció aceptarlo.

‘No vamos a hacer nuevamente lo que ya hizo el tribunal federal que hubo convicción con respecto a un caso’, dijo Somoza.

Por su parte, el Gobernador se expresó satisfecho con el referido que hizo el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, para que la Comisión de Ética investigue a Martínez.

‘Mi posición está clara, yo creo que nadie tiene duda de cuál ha sido mi posición desde anoche (de que debe renunciar)’, afirmó Fortuño, quien dijo que Rivera Schatz ‘hizo lo correcto’ al referir al convicto senador a la Comisión de Ética.

El coro azul que pide la salida del convicto senador crece mientras que el presidente del Senado se mantiene en que no le va a pedir la renuncia y le abre un foro para que su asediado pupilo monte la defensa que no montó en el tribunal.

Rivera Schatz hizo un referido a la Comisión de Ética con el propósito expreso de que Martínez y sus abogados ‘puedan plantear toda la situación fáctica y jurídica que rodea su caso y para que cualquier persona que quiera comparecer y con standing para hacerlo lo haga y haga sus planteamientos’, dijo a Noti Uno. De esta forma, la permanencia del senador se sujetaría al voto de sus compañeros senadores, en vez de al voto que emitió ayer un jurado de ciudadanos.

El presidente del Senado insiste en que no hay espacio para pedir la renuncia de Martínez porque el caso no ha concluido e invitó al FBI y al fiscal Peter Koski a que comparezcan ante la comisión.

Mientras, otros dos novoprogresistas, el comisionado residente Pedro Pierluisi y el senador José Emilio González, se unieron al pedido de Fortuño para que Martínez renuncie a su cargo electivo.

‘Me parece que lo propio es que deje el cargo y se dedique a defenderse hasta lo último’, expresó Pierluisi, alejándose de la postura del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y del caucus del PNP en ese cuerpo de que Martínez debe permanecer en su banca, independientemente de que haya sido convicto.

Para el funcionario federal, la permanencia de Martínez en el cargo afecta la imagen de todo el servicio público y el respeto que se le debe a la institución del jurado y al sistema judicial.

Mientras, González cree que el convicto legislador debe dimitir para dedicarse a su defensa.

‘Yo creo que Héctor debe recapacitar, hacer una introspección y trabajar con esa situación que tiene actualmente. Yo creo que tiene unos problemas que son más importantes que permanecer como senador’, expresó a la prensa en Bayamón.

‘Yo creo que él debe renunciar porque me parece que la situación es un tanto difícil no sólo para él, sino para el Senado de Puerto Rico como institución’, insistió el senador, quien presidió la Comisión senatorial de Ética el cuatrienio pasado.

Tan pronto se conoció anoche el veredicto del jurado, el gobernador Fortuño expresó que ‘Martínez tiene que presentar su renuncia como senador y abandonar todas sus funciones en el Senado de Puerto Rico’.

Y añadió: ‘El Senador se sometió al escrutinio de sus pares, quienes luego de aquilatar la prueba, decidieron que el Senador es culpable por lo menos del cargo de soborno’.

Martínez resultó convicto de un cargo de soborno, pero el jurado fue benévolo al absolverlo de la acusación de obstrucción a la justicia, que conlleva una pena de 20 años. Mientras, el juez federal Francisco Besosa le rebanó otros cinco años cuando le retiró la condena por conspiración. Bravo no ha tenido suerte todavía ni con el jurado ni con el juez.

Ambos convictos tienen oportunidad de solicitar por escrito la absolución perentoria, una facultad que tiene el juez cuando determina que la fiscalía no probó los elementos de algún delito. Esta facultad puede dar al traste con la decisión del jurado pero, distinto al veredicto, la fiscalía puede pedir al tribunal de apelaciones que revise la absolución perentoria del juez, así como su descargue de la convicción de conspiración de Martínez.