Mientras se desconoce el paradero de los dueños de las farmacias El Amal, Mohammad y Sultan Yassin, un grupo de empleados que se quedó sin trabajo tras el cierre repentino el pasado sábado acudieron hoy al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) en la Ave. Domenech, en busca de orientación sobre los recursos disponibles para atender sus situaciones.

Asi informó Pedro Mercado, uno de los desempleados, quién declaró ‘que el movimiento ha sido un éxito’, desde que se dió a conocer el cierre. Al mismo tiempo, dijo que ‘vinimos a buscar ayuda, saber a qué lugares hay que movernos y a que nos atendieran a todos por igual’.

Indicó que esperaba que el secretario del DTRH, Miguel Romero, personalmente los atendiera, como sucedió. Y que por el momento no contemplan entablar alguna acción legal, pues planean continuar agrupándose todos los empleados.

Mercado dijo que el viernes en la tarde se enteraron del cierre por medio de los gerentes de distrito, quienes les indicaron que no tendría derecho a la paga de su sueldo ni a la liquidación. Mercado apuntó que les tomó por sorpresa la noticia, pues nunca les manifestaron a los empleados alguna intención de cesar operaciones. Lo que sí pudo comprobar fue ‘disminución de compras en las farmacias’ en los últimos tiempos.

Por otra parte, Mercado sostuvo que no tienen conocimiento del paradero de los dueños de la Farmacia, Mohammad y Sultan Yassin, ni de los gerenciales. Agregó que el número telefónico que dejaron en la notificación del cierre, no lo responden.

Mercado puntualizó que las mayores preocupaciones entre los empleados son el pago de los sueldos, las liquidaciones, seguro médico, y la disponibilidad de empleo para los empleados de piso.

Por su parte, el secretario Romero recalcó que el problema principal es que los trabajadores no cobraron, tras un cierre inesperado. Del mismo modo, indicó que entre el grupo de desempleados hay personas con licencia de maternidad y por enfermedad.

Entre las opciones que se les están brindando a través del DTRH es la radicación de solicitud de desempleo en las diversas oficinas del Centro de Acción y Respuesta Rápida, pero principalmente en la de Cupey. De igual forma, la facilidad de un plan médico y la tarjeta del PAN.

Ante posibles violaciones a ley federal de Notificación de Ajustes y de Reentrenamiento del Trabajador (WARN, siglas en inglés), Romero manifestó que estará a disposición de los empleados la Secretaría Auxiliar de Asuntos Legales y Normas. En dicha secretaría el Negociado de Asuntos Legales tiene la responsabilidad de ayudar a entablar algún tipo de acción legal. La ley WARN establece que como obligación el patrono tiene que notificar a sus empleados por escrito 60 días antes de ocurrir el cierre.

Romero sostuvo que como posible sanción a la violación de este estatuto, los dueños podrían tener que pagar el equivalente al sueldo y beneficios de todos sus empleados.

No obstante, dicha ley tiene unas excepciones como por ejemplo cierre por causas de desastres naturales y si han buscado -los dueños- mejorar sus finanzas y no obtuvieron resultado.

La subsecretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), la licenciada Carmen Salgado, manifestó que ‘tan pronto tuvimos conocimiento nos comunicamos con los proveedores médicos a través del Colegio de Médicos’, para atender las denuncias de los clientes que tenían recetas pendientes y se encontraron con el cierre de la farmacia.

También establecieron contacto con el Departamento de Salud y el DTRH para ver cuál era el protocolo a seguir.

Hasta el presente, Salgado y Romero expresaron que no han logrado establecer comunicación ni con los dueños ni los gerenciales, ni por teléfono ni por fax. Además, señalaron no tener conocimiento si salieron del país

En lo que concierne a DACO, los dueños podrían enfrentarse a una multa de $10 mil por violación a la Ley num. 5