La Fiscalía presentó por la tarde documentos que aparentan evidenciar que Hector Martinez y el empresario Juán Bravo fueron los únicos que asistieron a las vistas celebradas para la aprobación de los proyectos senatoriales 410 y 471, precisamente en los que se les vincula con cargos por sobornos. El juicio recesa hasta el martes.

Ante preguntas de la fiscal Deborah Mayer, el testigo Rivera dijo que en los anuncios del periódico no se publicó la fecha correcta para que los posibles deponentes asistieran a la vistas. Y es que según los edictos publicados, la vistas se convocaron para el 13 de abril y se celebraron en fechas diferentes.

Mayer además presentó la hoja de asistencia del 12 de abril del proyecto de los centros comerciales, que se extendió desde las 9:47 a.m. hasta las 10:25 a.m. con la única participación del senador Martinez por parte de la Comisión y el empresario Bravo, en representación de la única compañía de seguridad deponente, Ranger Security.

En cuanto al proyecto 471, estuvieron presentes también solamente Martínez y Bravo por ambas partes y la vista se prolongó por 45 minutos.

Por su parte la defensa del senador Héctor Martínez se concentró en la mañana en subrayar que el legislador presentó y apoyó los proyectos de ley relativos a las compañías de seguridad privada a los que se refiere la acusación antes de que Bravo supuestamente le pagara el viaje a Las Vegas en mayo de 2005.

Los proyectos son el 410, para crear el Código de Protección y Seguridad de Visitantes, Empleados e Inquilinos de Centros Comerciales, y el 471 para crear la Ley de Agencias y Guardias de Seguridad Privada de Puerto Rico.

El 410 aumentaría el mercado de Bravo, quien se dedica a proveer seguridad privada principalmente en centros comerciales y le daba potestad a los dueños de esos establecimientos a llevar un registro de infractores para negarles la entrada, y el 471 haría más difícil el establecimiento de nuevas compañías de seguridad endureciendo los requisitos.

Para la defensa, por el contrario, los proyectos no beneficiaban directamente a las grandes agencias de seguridad porque obligaba a esas compañías a mejorar los seguros y los beneficios de sus empleados, aumentando sus gastos de operación.

El expediente del 471 tiene una ponencia de Bravo a favor de su aprobación y él fue quien los propuso en la oficina de Martínez.

Era el turno de la defensa para interrogar al abogado Víctor Rivera Torres, quien trabajó como asesor y abogado personal del senador, y quien ayer se describió como ‘el padre’ que Martínez había perdido hace tiempo.

Antes de las preguntas sobre los proyectos, el abogado defensor Abe Lowell había usado la afiliación de Rivera y su familia al Partido Popular Democrático (PPD) como fundamento para argumentar que Martínez era un hombre tan bueno que hasta un popular como Rivera lo ayudó y lo empujó en su carrera política, a pesar de que corriera en el bando novoprogresista.

Rivera respondió afirmativamente la pregunta de Lowel sobre si Martínez era un hombre ‘que lucha por lo que cree correcto y que está bien’. ‘Lo importante era que hiciera buena legislación’, señaló el testigo.

Además, Lowell trató de desvincular a Martínez de la lucha por la presidencia del cuerpo senatorial el cuatrienio pasado en la que estaba inmerso el ex senador y potencial testigo de fiscalía Jorge de Castro Font.

Como testigo de la fiscalía, Rivera le había dicho al jurado que le advirtió a su pupilo de que no aceptara la oferta del empresario, y coacusado, Juan Bravo, para llevarlo a Las Vegas porque se trataba de una persona con intereses en proyectos legislativos pendientes ante la oficina de Martínez. La fiscalía intenta establecer que el viaje está relacionado con el apoyo a los proyectos.

Se estableció también que Rivera y Martínez fueron abogados de la compañía Northwest Security y también le compartieron uno de los proyectos en discusión en la Legislatura para que dieran su opinión.

Cuando Martínez trabajó en su bufete, dijo Rivera, también hizo trabajos para esa agencia ‘pero dejó todo cuando comenzó como senador’. El testigo aseguró que el senador nunca presionó a terceros para que apoyaran sus medidas.

El proyecto 410 se aprobó en el Senado el 23 de mayo de 2005 con 24 votos a favor y 1 en contra mientras que el 471 se aprobó en la misma cámara el 7 de mayo con 26 votos a favor y 1 en contra.

Por el momento, el desfile de pruebas ha resultado desordenado, con aparentes contradicciones y evidentes confusiones que, en unas ocasiones, parecen ser debidas a la falta de preparación de los abogados y fiscales, mientras que en otras, sugieren estrategias de los letrados para coger desprevenidos a los testigos.

Está claro que Martínez, De Castro Font y Bravo viajaron a Las Vegas y disfrutaron de la pelea de Tito Trinidad. Tampoco se discute que Bravo presentó los proyectos y que beneficiaban a la compañía de seguridad de la que era entonces presidente, Rangers American.

Está probado que los dos proyectos se aprobaron en fechas cercanas a la pelea de boxeo. Todavía queda por probar si el viaje a Las Vegas formó parte del imputado intercambio ilegal de apoyo legislativo por favores personales.

Melissa Solórzano colaboró en esta historia