Un grupo de abogados que no se sentían representados por los demandantes en el pleito contra el Colegio de Abogados pidieron que se anule la clase actual y que se cree una ‘subclase’, lo cual provocaría un atraso en la marcha que lleva el caso y que podría resultar en que el Colegio pierda su sede en Miramar.

La intervención que sometió ayer en la tarde la licenciada Judith Berkan en representación de seis abogados nombrados y unos 1,200 colegiados no nombrados es un giro técnico dentro de un tipo de pleito, de clase, que se caracteriza por reglas rígidas.

En esencia, los nuevos interventores plantean que sometieron varias comunicaciones a los administradores del pleito de clase para notificarles que querían excluirse de la clase y que los administradores no les han dado ningún recibo ni confirmación de que, en efecto, están excluídos. La exclusión es lo que el Colegio ha intentado promover para que la sentencia sea más liviana (a menos abogados en la clase, menos dinero tiene que devolver el Colegio), y lo que le valió el desacato y la cárcel a su presidente, Osvaldo Toledo.

Debido a esta falta de comunicación, los nuevos interventores dicen que la clase, según está certificada por el tribunal hasta ahora, no es representativa y no es adecuada. El razonamiento directo es que los que quieren cobrarle el dinero al Colegio no están capacitados para representar a todos los colegiados en una sola clase porque no todos los colegiados quieren quedarse en el pleito. Por esto, proponen los interventores, hay que eliminar la clase que hay ahora, para empezar de nuevo con dos clases, una para los que se quieren quedar en el pleito, y otra, denominada ‘subclase’, para los que se quieren salir.

NotiCel lleva días en espera de que los abogados de los demandantes, David Indiano y Andrés López, contesten preguntas sobre cuántos abogados han pedido salirse del pleito y sobre otros detalles de ese proceso.