El arresto el jueves del presidente del Colegio de Abogados, Osvaldo Toledo, no ha intimidado a muchos letrados puertorriqueños que a pesar de que un juez federal en la Isla ha impuesto una orden de mordaza sobre un caso contra la institución, insisten en que por encima de una ley injusta está el derecho de los ciudadanos a combatirla.

Toledo se entregó a las autoridades federales manifestando que no pagaría la multa de 10,000 dólares que le impuso el juez José Fusté por desacato alegando que el presidente de los abogados colegiados había hablado públicamente sobre el caso ‘Herbert Brown vs Colegio de Abogados de Puerto Rico’, sobre el que se había ordenado el silencio público de los implicados.

En el proceso judicial se reclama al Colegio la devolución de más de cuatro millones de dólares que la institución habría cobrado entre los años 2002 y 2006 impropiamente a sus miembros para un seguro de vida.

La orden de mordaza aplica ‘hasta los conserjes’, dijo a NotiCel una fuente del Colegio que no quiso ser identificada.

Sin embargo, Toledo ‘ha tenido la valentía -que ha demostrado en numerosas reuniones y al negarse a pagar la multa y aceptar ser arrestado-‘, insistió la fuente, de explicar públicamente a los colegiados qué deben hacer para ser excluidos de la demanda de clase que exige la devolución de unos fondos que podrían conllevar la quiebra de la entidad y la pérdida de su sede en Miramar.

Mañana, alcaldes y legisladores del Partido Popular Democrático (PPD) que son abogados han convocado una conferencia de prensa en San Juan para expresarse sobre el caso.

La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados aprobó hoy un manifiesto para expresar su solidaridad con el presidente de la institución ‘por su acto de valor y honradez al negarse a pagar una sanción injusta y excesiva por meramente cumplir con las obligaciones de su cargo’, reza el manifiesto.

Los colegiados defienden en el manifiesto que cuando las leyes del país o las órdenes de un tribunal ‘violan, so color de autoridad, principios fundamentales de paz, justicia y derechos humanos, el deber de los hombres y las mujeres honrados es denunciar y combatir las injusticias con la palabra y la acción no violenta en todos los foros disponibles’.

Por su parte, la Comisión de Derechos Civiles exigió la liberación de Toledo por considerar la orden de mordaza emitida el 9 de febrero ‘un ejercicio de censura previa’.

‘La falta de información entre los miembros del Colegio ha quedado evidenciada con la participación de éstos en los distintos medios de comunicación en búsqueda de respuestas a distintas interrogantes sobre el litigio y sobre cómo darse de baja de la clase’, explicó la CDC, que señaló en un comunicado que ‘ningún juez estatal o federal puede encontrar incurso en desacato civil a un individuo so pretexto de un incumplimiento con una orden judicial cuya motivación para tal acción es la crítica informada y fundamentada a un procedimiento judicial’.

‘Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión’, insistió la comisión, que subrayó que ‘no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o por cualquiera otro medio encaminado a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones’.

Por otro lado, Servicios Legales de Puerto Rico (SLPR) informó hoy que presentó una moción para intervenir y descertificarse del pleito de clase ‘Brown vs. Colegio de Abogados’.

SLPR solicita desligarse de la clase porque el remedio otorgado ‘yerra al pretender devolver cientos de dólares a abogados a quienes no les corresponde por no haber pagado ellos su cuota de colegiación’.

SLPR argumenta en la moción que la sentencia erróneamente presume que los miembros de la clase fueron quienes pagaron la cuota de colegiación anual, cuando ese no es el caso ni para SLPR ni para otras organizaciones como la Oficina Legal de la Comunidad (OLC), la Sociedad de Asistencia Legal (SAL), bufetes privados y el gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que para la fecha pagaba las cuotas de colegiación a los abogados en el servicio público.

Fuera de Puerto Rico, el encierro del presidente del Colegio de Abogados se considera un ‘auténtico abuso de poder’, según una carta a la que NotiCel tuvo acceso de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados.

‘Jamás pude pensar que en el ejercicio de una acción civil, por muy de clase que fuera, podría llegarse a reinventar la ancestral prisión por deudas que creíamos desaparecida’, añadió el presidente de la unión, Luis Martí Mingarro.

Pero el apoyo al presidente de los letrados colegiados no se reduce a los abogados.

Anoche, el activista Alberto ‘Tito Kayak’ de Jesús se trepó en un poste de energía eléctrica frente a la cárcel federal para desplegar una pancarta en apoyo a Toledo.

‘Osvaldo, todo Puerto Rico contigo’, leía la tela de 20 pies de largo por 10 de ancho.

Unos 250 participantes manifestaron su apoyo al abogado durante una vigilia a la que se sumaron numerosos estudiantes en huelga de la UPR.

También, organizaciones comunitarias de diferente índole utilizan las redes sociales y realizan campañas de correos electrónicos para convocar a diferentes actividades en apoyo a Toledo y se insta a los abogados a informarse sobre el caso en la página www.yonosoydeesaclase.com.