De Castro no es indispensable

La fiscalía federal comentó hoy en la vista de seguimiento del caso criminal por corrupción contra el sen. Héctor Martínez y el empresario de seguridad Juan Bravo que el ex sen. Jorge de Castro Font no es un testigo indispensable.

El comentario fue como parte de un intercambio en el que la defensa de los acusados pidió a la fiscalía la evidencia completa de los gastos que han incurrido y los tratos que han tenido con el atribulado ex político. Como testigo contra Martínez y Bravo, De Castro viajó en varias ocasiones a Las Vegas a testificar ante un Gran Jurado.

De cara al juicio, que comienza el 14 de febrero, el comentario de la fiscalía choca contra los comentarios que ha hecho el abogado de Martínez en los medios de comunicación, el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, quien se ha concentrado en minar la credibilidad de De Castro.

El juez federal Francisco Besosa dictaminó que para el viernes la fiscalía debe entregar lo relativo a cualquier acuerdo, trato, o evidencia exculpatoria relacionada con De Castro, quien se mantiene en una especie de limbo en el sistema federal ya que todavía no ha sido sentenciado.

Antes de comenzar la vista, Martínez reconoció que no se siente «totalmente tranquilo», pero dijo estar confiado de que prevalecerá en corte. «Estamos satisfechos de que tendremos nuestro día en corte. Habemos de estar presentando la otra cara de la moneda», expresó Martínez en compañía de su abogado, Abe Lowell, según El Nuevo Día.

En un principio, la vista de hoy había sido citada a petición de Bravo para discutir si se suprime el testimonio que dio el empresario ante la Oficina del Fiscal Especial Independiente bajo inmunidad, pero posteriormente el juez emitió una orden dejando sin efecto dicha vista.

El 27 de enero, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston accedió a que se escuchen los planteamientos de los acusados sobre el pedido de que desestimen los cargos soborno en su contra.

La defensa alega que para que las autoridades federales tengan jurisdicción para acusarlos de soborno, tienen que demostrar que son funcionarios que reciben en sus trabajos más de $10,000 en fondos federales, lo que no ocurre en ninguno de los dos casos.