La exjefa de ASES, Angie Ávila, quedó fuera del caso después de que la fiscalía federal pidiera rebanar los cargos pendientes en el pliego acusatorio que antes encabezaba la exsecretaria de Educación, Julia Keleher.

El caso federal que comenzó en 2019 con una acusación que encabezaba la exsecretaria de Educación, Julia Keleher, que ya tuvo cambio de cargos, cambió de la narrativa sobre los delitos cometidos y que todavía no ha ido a juicio, siguió desmoronándose debido a una decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en mayo pasado.

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico pidió anoche al juez federal Pedro Delgado Hernández que elimine 18 de los 66 cargos que quedaban en el caso, una movida que tiene el resultado de dejar libre de imputación alguna a la exdirectora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ángela “Angie” Ávila Marrero.

En una moción escueta, la fiscalía dijo que por la determinación en el caso Ciminelli v. United States y “en el mejor interés de la justicia”, pedían la desestimación de los cargos 72 al 90 del pliego. Estos son precisamente los cargos que pesaban contra Ávila Marrero y son también algunos de los cargos que tenían los coacusados Alberto Velázquez Piñol, un contratista, Fernando Scherrer Caillet, expresidente de la filial en Puerto Rico de la firma de contabilidad BDO, y Aníbal Jover Pages, contratista y expresidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados.

En los cargos que se pide desestimar, se alegaba que Ávila Marrero había usado su posición en ASES para pasar información confidencial a Velázquez Piñol que este usó, como asesor de las empresas de Scherrer Caillet y Jover Pages, para que esas empresas consiguieran contratos con la agencia.

Los hechos ocurrieron a principios de la administración del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, con quien Velázquez Piñol había colaborado en su campaña. El pliego indicaba que en una reunión de Junta de Directores de ASES, Ávila Marrero alegó que los contratos debían ir a estas empresas porque “gozan de la confianza de… de nuestra administración”.

En Ciminelli, el Supremo federal determinó unánimemente que ese tipo de intervención de parte de terceros en los procesos de contratación de gobierno no alcanzan el nivel de delito federal y que la intervención de las autoridades federales no se puede dar meramente alegando que el gobierno estatal tiene que tener procesos honestos. La tendencia en ese foro ha sido de cada vez exigir a la fiscalía federal alegaciones más robustas y específicas sobre cuáles son los beneficios ilegales que habrían derivado los acusados por supuesta corrupción en procesos gubernamentales estatales.

El miércoles en la tarde, Delgado Hernández concedió la solicitud de desestimación.

Un gran jurado emitió el pliego de 90 cargos en verano de 2020. Esa versión era un cambio al pliego original de 2019. La versión de 2020 añadió acusados, cambió delitos que los acusados originales enfrentaban y alteró la narrativa sobre cuáles habían sido los actos delictivos.

En la versión de 2020, Keleher tenía 24 cargos, pero esa parte ya se resolvió con una alegación de culpabilidad y una condena de seis meses de cárcel que la exfuncionaria ya cumplió. El acuerdo con Keleher estuvo motivado también por cambios en la doctrina legal tras otra decisión del Supremo federal.

Con la eliminación de los 24 cargos de Keleher y la desestimación de 18 cargos que se pidió el martes, al pliego le quedan 66 cargos activos contra Scherrer Caillet, Velázquez Piñol y Jover Pages. El juez Delgado Hernández tiene pendiente desde 2021 solicitudes de los acusados para desestimar cargos. Las solicitudes cubrían algunos de los cargos que la fiscalía ahora pide desestimar, pero también cubren otros cargos que siguen vigentes.

En los cargos que quedan, se imputa que Scherrer Caillet y Velázquez Piñol violaron el contrato de BDO con las agencias porque en el mismo se prohibía pagar servicios de cabildeo en conexión con la contratación y la fiscalía tiene prueba de que los acusados llegaron a un acuerdo entre ellos para que Velázquez Piñol fuera compensado mediante un esquema de comisiones por las gestiones que hizo para asegurar los contratos. Un esquema idéntico se imputa también a Jover Pages y Velázquez Piñol porque el contrato de la empresa del primero, Intelligent Grant Solutions LLC (IGS), prohibía la subcontratación, pero tenía subcontratado al segundo.

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