El boxeador enfrenta desde hoy un juicio federal por el asesinato en 2021 de su compañera y la criatura por nacer de ambos.

Recién cumplidos los 30 años de vida, el número 12 vuelve a ser determinante para Félix Giomar Verdejo Sánchez.

Como boxeador, en la vida que tenía antes del 2 de mayo de 2021, doce era el número máximo de asaltos que tendría que pelear con sus oponentes. Como acusado federal, bajo custodia desde el 2 de mayo de 2021, doce son la cantidad de miembros del jurado que pueden decidir si es culpable de uno de los asesinatos más estremecedores en la historia reciente de la isla.

La selección de esos integrantes del panel de jurado comienza hoy en la sala del juez federal Pedro Delgado Hernández, quien ya determinó que, además de los 12 miembros regulares, se escogerán seis adicionales que sirvan de alternos, por si alguno de los regulares tiene que ser sustituido durante el juicio.

Al que apodan “El Diamante” enfrenta cargos de secuestro con muerte, carjacking con muerte, muerte de un niño no nacido y uso de arma de fuego mientras se cometían esos delitos. Esto por la muerte de Keishla Rodríguez Ortiz, quien estaba embarazada de Verdejo Sánchez.

La víctima y el acusado se conocían desde adolescentes, pero la relación que tuvieron fue extramarital. La esposa de Verdejo Sánchez es Eliz Marie Santiago Serra y la pareja tiene una hija que cumple cinco años en octubre. El padre de Santiago Serra, Miguel Ángel “Enano” Santiago Laiz, fue acusado hace semana y media de ser integrante de lo “1500”, un grupo de gangas que supuestamente distribuían drogas y cometían asesinatos, incluyendo el de un policía. Al anunciar los cargos contra Santiago Laiz, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico enfatizó que no tenían nada que ver con el proceso contra Verdejo Sánchez.

La fiscalía, sin embargo, no ha sido igual de proactiva en aclarar si el juicio contra Verdejo Sánchez está relacionado con otra acusación revelada recientemente, pero que ha pasado desapercibida, contra Ricardo A. Cádiz Martínez. Este tiene los mismos apellidos que Luis Antonio Cádiz Martínez, el cómplice de Verdejo Sánchez quien hace dos años fue acusado junto a él, pero luego se declaró culpable.

Ni la fiscalía ni la representación legal de Ricardo Cádiz Martínez han querido contestar preguntas de NotiCel sobre si ambos son parientes. Pero la fiscalía dijo en una moción del 2 de junio que pedían la publicación del expediente del caso porque Ricardo “podría ser llamado a testificar en un juicio próximo y el gobierno podría tener la obligación de divulgar su declaración de culpabilidad y el suplemento sobre cooperación”.

Desde enero pasado, Ricardo tenía una acusación por narcotráfico que permanecía sellada. El hombre fue arrestado en Pensilvania el 30 de marzo y trasladado a la isla, pero su expediente se mantuvo confidencial, por lo que una vista de declaración de culpabilidad en mayo ante la jueza Silvia Carreño Coll tampoco trascendió públicamente. Los fiscales de este caso son Jeanette Collazo y Jonathan Gottfried, los mismos que llevan cargan el caso contra Verdejo Sánchez. Los actos de narcotráfico por los que Ricardo se declaró culpable ocurrieron entre octubre de 2020 y abril de 2021 en el residencial Luis Lloréns Torres.

En abril de 2021, precisamente en Lloréns Torres, donde vivían ambos Cádiz Martínez, el boxeador habría comprado una droga que inyectó a su pareja mientras la asesinaba junto a Luis Antonio.

Según la única versión que el gobierno ha dado de los eventos, recogida en la declaración jurada de un agente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) que fue la base para los arrestos en mayo, Verdejo Sánchez citó a Rodríguez Ortiz para verla después de que esta le dijera que estaba embarazada. Se encontraron el 29 de abril de 2021, la mujer subió a la Dodge Durango del boxeador, discutieron, el hombre la golpeó en la cara con los puños con los que se había ganado la vida hasta entonces y ambos cómplices le inyectaron la droga comprada en el residencial. De ahí se movieron al área del Puente Teodoro Moscoso, donde amarraron a la víctima de manos y pies a un bloque de concreto y la tiraron por el puente a la Laguna San José. Para rematar, Verdejo Sánchez le realizó disparos desde lo alto.

El cuerpo apareció dos días después, sábado 1 de mayo, y el boxeador estaba bajo arresto federal el domingo con evidencia que, según la versión del FBI, incluyó cooperación de un testigo, datos de la ubicación de los celulares del acusado y la víctima, récords de llamadas y textos entre ambos, y pietaje de cámara de seguridad que ubica el momento de la disposición del cuerpo entre las 8:29 am y las 8:31 am del 29 de abril. El licenciado Edwin Prado confirmó entonces que Luis Antonio había colaborado con las autoridades.

También en mayo de 2021, la fiscalía confirmó que tenía “investigaciones en curso” relacionadas a Verdejo Sánchez y llegaron a interrogar a su esposa ante el gran jurado, pero no ha surgido nada oficial que la involucre. La mujer había sido entrevistada antes por la Policía, que en ese momento dijo que no descartaban que tuviera responsabilidad o conocimiento del secuestro de Rodríguez Ortiz.

En una conferencia de status del 12 de junio pasado, los fiscales informaron al tribunal que habían recopilado también evidencia de llamadas que el acusado hizo desde la cárcel tan cercano como el 5 de junio de este año. El equipo de defensa, los licenciados Jason González Delgado y Gabriela José Cintrón Colón, han sometido mociones a un ritmo febril en las últimas semanas, pero la mayoría permanece confidencial porque así lo han decidido. El caso tiene una orden de mordaza, pero eso no se extiende automáticamente a las mociones que someten las partes. Las solicitudes han sido para excluir evidencia, para desestimar cargos y para trasladar el caso fuera de la isla. Esta última fue pública y fue denegada por el juez.

Aún cuando el juicio inicia hoy con la selección del jurado, ya Verdejo Sánchez evadió el puño más fuerte, el que lo habría enviado a la lona más allá del conteo de 10.

Y es que el hecho de que el boxeador hubiera ofrecido algo de valor a su cómplice por la muerte de Rodríguez Ortiz, la “planificación sustancial” del crimen y la forma “especialmente cruel, depravada y atroz” en que la asesinaron, hacía que este caso fuera elegible para la pena de muerte. Pero el Departamento de Justicia federal, por una política general antipena de muerte, decidió que no iba a pedir ese castigo, por lo que lo máximo que enfrenta el púgil como castigo es una cadena perpetua.

Desde la desaparición de Rodríguez Ortiz hace dos años, el boxeador no ha emitido una palabra públicamente ni directamente ni a través de sus abogados.

En 2020, reflexionando sobre un accidente de motora que tuvo en 2016 y que supuso un descarrilamiento de su carrera por varios años, Verdejo Sánchez declaró al Los Angeles Times que “[c]reía que tenía el mundo a mis pies y creí que me las sabía todas, pero fue cuando cometí el peor error de mi vida al montarme en una motora y tener un accidente”. “Muchos consejos me dieron y no hacía caso, me tuve que dar contra la pared para aprender lo que todos me decían”., añadió.

Vea:

Fiscalía federal acusa a Verdejo y confirma que califica para pena de muerte

Félix Verdejo ofreció pago por la muerte de su pareja, revela acusación federal