La fiscalía federal entró en el detalle de las operaciones de dos empresas que el productor de radio y televisión incluyó en su supuesta demanda de extorsión.

La fiscalía federal comenzó esta mañana a proveer detalles de las operaciones de dos empresas de las que el productor de radio y televisión, Sixto Jorge “Sixto George” Díaz Colón, cobraba igualas mensuales y a favor de las cuales abogó ante el exsecretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira Zayas, en lo que el exfuncionario denunció como una amenaza de extorsión.

Díaz Colón está en el quinto día de su juicio por extorsión, intento de extorsión y obstrucción a la justicia por destrucción de mensajes en su celular. El caso tiene vigente una orden de mordaza y una orden de protección de evidencia que evita la divulgación de evidencia que no ha sido formalmente presentada al jurado.

El juez federal Francisco Besosa había permitido que el acusado hablara con los medios siempre y cuando no entrara en aspectos que todavía no se han presentado esta mañana. Pero esta mañana le prohibió al productor emitir palabra alguna a los medios porque el jueves hizo referencia a evidencia que no se había presentado. De volver a hablar, podría revocarle la fianza y ordenar su ingreso a prisión. En la advertencia, hecha fuera de la presencia del jurado, el juez no detalló cuál de los comentarios del acusado había constituido una violación a la orden de protección de evidencia.

Tras la culminación del testimonio del secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, sobre lo que hizo con el contrato de la empresa Collective Impact LLC cuando llegó al cargo en junio de 2019, la fiscal Myriam Fernández llamó como testigo a Lydmari Yamira Torres López, la gerente general de Collective Impact.

Torres López era la administradora de una ferretería en Arroyo y compañía de construcción llamada Ámbico y una tarde de marzo de 2019, cuando salía de las oficinas de la empresa en Guaynabo a las instalaciones en Arroyo, su jefe le pidió que regresara para explorar una oportunidad de negocios. Su jefe, y presidente de la empresa fundada en 2018, era Félix R. Plaud de Choudens.

Plaud de Choudens tiene una trayectoria pública llena de controversias desde sus días como líder estudiantil del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Universidad de Puerto Rico y luego como contratista de gobierno.

Cuando Torres López volvió a la oficina de Guaynabo, el día exacto no se ha establecido todavía, estaban Plaud de Choudens, el acusado, la supervisora de la oficina de Guaynabo, Madeline López, otra compañera de trabajo, Sadadi Orama, y Gustavo Alverio, a quien describió como una persona que había sido colaborador “en algunos proyectos previos y ese día estaba acompañando a Sixto”.

Conocía a Díaz Colón porque “tenía relaciones comerciales en común” con Plaud de Choudens y había colaborado en 2017 con un proyecto llamado Solar Tec y en un momento no especificado con “una propuesta de escuelas alianzas”.

La “oportunidad de negocio” la presentó Díaz Colón en la reunión como dos proyectos que iban a trabajar independientes entre sí para “servicios de apoyo colaborativo orientados hacia desarrollo social y que íbamos a estar dando servicios a agencias de gobierno”. La prueba hasta ahora es que Collective tuvo contrato con Hacienda y otra empresa, Social Consulting LLC, tuvo contrato con la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). Collective tuvo contrato un mes después de formada y Social tuvo contrato mes y medio después de formada.

La testigo sería la gerente de Collective y López de Social. Sobre el rol que tendría Díaz Colón, la testigo dijo que no se especificó, ni se estableció si iba a cobrar, pero que “quería estar backstage porque se consideraba una figura pública”.

Con el testimonio de Torres López, y con un chat que los involucrados crearon para comunicarse durante la vigencia de los contratos, la fiscalía estableció que Díaz Colón organizó la estructura administrativa de las empresas, ordenó la entrega de la factura directo a la oficina de Maldonado Gautier y que se encargaría de la renovación de los contratos. “Esa parte, yo me encargo”, dijo en un mensaje el 6 de julio. Diez después, según el testimonio de Maceira Zayas, le estaba incluyendo la renovación de los contratos como parte de demanda de extorsión que el productor supuestamente le hizo al funcionario para evitar que Raúl Maldonado Nieves, hijo de Maldonado Gautier, filtrara más chats dañinos al gobernador, como el que había sido publicado el 13 de julio.

Luego, la fiscal presentó un cheque del 8 de junio de 2019 a nombre de Díaz Colón por concepto de “servicios de consultoría” y por $1,400 que correspondían a un pago total de $1,500 menos la retención de $100. Díaz Colón y Luis Otero le requirieron que lo hiciera. Otero era parte del equipo del proyecto, el que manejaba directamente los trabajos de la empresa en las comunidades y el cofirmante en la cuenta bancaria de Collective.

En su contrainterrogatorio, el abogado defensor Rafael Castro Lang logró establecer que el testimonio de Torres López de que nunca vio una factura de Díaz Colón por sus servicios era lo contrario a lo que había dicho al gran jurado y que su versión de que no vio factura surgió durante los preparativos con los fiscales para su testimonio. Ante el foro investigativo, la testigo había dicho que Díaz Colón había provisto factura. “Le voy a decir claramente, no tengo una factura de Sixto. Si eso significa que cometí un delito, me hago responsable de mis actos, pero no había factura”, ripostó la testigo alterada a Castro Lang. El juez inmediatamente le aclaró que nadie ha planteado que ha cometido delito.

De hecho, fue el juez Besosa el que pareció añadir el remate que no hizo la fiscalía cuando llevó a la testigo a establecer que el cheque correspondía a trabajos en el mes de abril. Pero los hechos son que el contrato que Díaz Colón hizo con la empresa abarcaba solo desde el 22 de abril. “Esa fue la instrucción de Otero y Sixto”, dijo Torres López cuando Besosa le preguntó por qué le pagaron tarifa completa por apenas nueve días de trabajo en el mes de abril.

La siguiente testigo fue López, la compañera de trabajo de Torres López en Ámbico que hacía las funciones de gerente general en la otra empresa, Social Consulting, que tuvo un contrato con OGP de $40,000 por dos meses de trabajo. Resaltó que el relato de esta testigo sobre quiénes estaban en la reunión en la que se explicó la “oportunidad de negocio” difiere de la testigo anterior. En su versión, solo estuvieron Plaud de Choudens, Díaz Colón, Torres López y ella.

López nunca entregó la primera factura al gobierno para que Social cobrara debido a que le llamó la atención que Díaz Colón estaba cobrando de Collective y nadie le explicó por qué ahora estaba cobrando, cuando primero le habían dicho que no cobraría. Además, encontró que podía haber repetición en las horas que Alverio había facturado a Collective y las que facturaba a Social. A preguntas de Castro Lang, la testigo admitió que ese error en las facturas se corrigió, pero dijo no recordar si Díaz Colón la felicitó por percatarse de ello.

Torres López defendió que “los trabajos se realizaron y los trabajos están sustentados en evidencia empírica”. “Quizás lo único que no estaba correcto sería que Díaz Colón no estuvo mencionado en la factura que se le envió (a Hacienda)”, planteó.

Entre los trabajos, había material audiovisual que generaba Alverio y en los que, según la testigo, aparecía el entonces secretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier. Tanto Alverio como Díaz Colón le dieron instrucciones para que llevara las facturas personalmente al piso 8 de la sede de Hacienda, donde están las oficinas del secretario. Ya está sometida como evidencia una factura de Collective que Maldonado Gautier autorizó para pago.

Antes de su despido fulminante del gobierno el 24 de junio de 2019, lo que fue uno de los detonantes de los hechos que provocaron las acusaciones contra Díaz Colón, a Maldonado Gautier se le habá señalado por la cantidad de activismo político que reflejaba en sus redes sociales, mientras era funcionario de gobierno.

Vea:

Como funcionario, Maldonado Gautier mantuvo activismo partidista