Siete convictos federales, dos esperando procesamiento local, incluyendo el alcalde suspendido, José Guillermo Rodríguez Rodríguez, y todavía Mayagüez no tiene un Centro de Trauma.

Tras unas seis horas de deliberaciones, un jurado federal encontró culpables al exasesor legal del Municipio de Mayagüez, Arnaldo Jerónimo Irizarry Irizarry, y al exdirector ejecutivo de Mayagüez Economic Development Inc. (MEDI), Alejandro José Riera Fernández, por su participación en un esquema en el que una supuesta inversión en el mercado de valores de $9 millones originalmente asignados a un Centro de Trauma acabaron en los bolsillos de siete personas.

Riera Fernández, cuyo veredicto inició leyendo la secretaria de sala, se quitó los audífonos a través de los que escuchaba la traducción tan pronto escuchó el primero de cuatro «culpable» y respiró profundo. Irizarry Irizarry encogió los hombros, bajó su cabeza y golpeó levemente los audífonos que tenía en la mesa cuando escuchó el primero de sus cuatro «culpable». La esposa y dos hijas del exjuez, sentadas detrás de él, aguantaron las emociones abrazándose.

Fueron ocho mujeres y cuatro hombres la composición final del jurado que, tras siete días de testimonios, encontró que los acusados habían cometido conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y lavado de dinero. Poco más de una hora antes de notificar su decisión, el jurado había dado señales de que estaban leyendo cuidadosamente el formulario donde notifican el veredicto ya que le señalaron a la jueza un error tipográfico en el mismo.

Los convictos no hicieron comentarios al salir del tribunal y permanecerán en libertad bajo fianza hasta el 8 de febrero, cuando la jueza Aida Delgado Colón señaló las vistas de sentencia. En ese momento, la jueza tendrá ante sí solicitudes de la fiscalía y de la defensa para imponer sentencia dentro de un rango de meses predispuesto. Pero, distinto a otros casos, en este la jueza podría sumar tiempo de cárcel porque podría determinar que el testimonio que ambos dieron en su defensa constituyó una obstrucción a la justicia al mentir al jurado. Ya hoy en la mañana, Delgado Colón había denegado una moción de absolución perentoria por parte de los abogados de defensa al encontrar que había suficiente evidencia para que los jurados hicieran una adjudicación de credibilidad sobre las alegaciones de los acusados de que la fiscalía no había cumplido con probar todos los elementos de los delitos.

De hecho, el veredicto de los jurados pareció implicar un ejercicio de inferencia y de aplicación de sentido común, como lo pidió la fiscal Myriam Fernández González, porque los testimonios de dos coconspiradores convictos, Roberto Mejill Tellado y Stephen Kirkland, no incluyeron afirmaciones de que Irizarry Irizarry y Riera Fernández supieran del esquema para tomar $9 millones en fondos públicos y usarlo fraudulentamente para el beneficio de los acusados. El eje del esquema, el asesor financiero Eugenio García Jiménez, se declaró culpable y estuvo haciendo grabaciones encubiertas para los agentes federales, pero no fue presentado como testigo.

En un pliego acusatorio contra siete personas, Riera Fernández e Irizarry Irizarry fueron los únicos que decidieron enfrentar juicio, así que la evidencia se limitó a los elementos que los vinculaban al esquema, principalmente, facturas superficiales y genéricas que sometieron a una empresa controlada por García Jiménez y Mejill Tellado, TEGA Holdings, para recibir pagos que salieron de $900,000 que la empresa recibió de MEDI y que eran parte de los $9 millones que se supone fueran invertidos. Riera Fernández sometió facturas por la empresa IManagement LLC para recibir entre abril y diciembre de 2016. El director ejecutivo de MEDI creó esta empresa y la puso a nombre de un contratista que hacía trabajos en su hogar con el propósito expreso de que no se le pudiera vincular con la misma. Irizarry Irizarry obtuvo $126,000 a través de su empresa, U.A. United Advisors Corporation. La fiscal enfatizó que el abogado tenía acuerdos para darle consejería legal, a la vez, a MEDI, a García Jiménez y al alcalde suspendido de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez Rodríguez.

El alcalde suspendido enfrenta dos cargos a nivel local de malversación de fondos públicos e incumplimiento del deber por su manejo de esta inversión, pero estuvo casi ausente en el desfile de prueba del juicio federal.

En la evidencia del gobierno, figuró porque, en calidad de presidente de la Junta de Directores de MEDI, autorizó el contrato de TEGA bajo el que la empresa recibió el doble de lo pactado en el contrato por hacer nada, como confesó Mejill Tellado, quien añadió que el alcalde le pidió un adelanto de los intereses de la inversión y ahí surgieron $1.8 millones que se le devolvieron a la ciudad del mismo principal, diciéndoles que era un adelanto de intereses. En la evidencia de defensa, Irizarry Irizarry señaló a su hermano y asesor, Osvaldo Rodríguez Rodríguez, como la persona que se le acerca a pedirle $2,000 mensuales para el Partido Popular Democrático en Mayagüez después de que inició el contrato de asesoría bajo el que podría cobrar hasta $10,000 por su trabajo con el alcalde suspendido.

Una de las cosas que quedaron en el aire en el caso federal fue la legalidad de tomar un dinero que se supone fuera para la construcción de un Centro de Trauma y se invirtieran en el mercado de valores. Cuando se hizo alusión a eso, siempre se limitaba a reuniones en las que los propios participantes del esquema aseguraban que la transacción era legal y correcta. Las reuniones, en la que no estaba el alcalde sino el exvicealcalde, Heriberto Acevedo, fueron provocadas porque el auditor del municipio, Mario Betancourt Pagán, objetó la transacción porque el dinero estaba en una cuenta restricta que solo se podía usar para el propósito asignado, el Centro de Trauma.

La necesidad de un Centro de Trauma en la región oeste, y la búsqueda del dinero para realizarlo, han sido objeto de discusión en la Legislatura desde hace por lo menos 20 años. Entre el 2012 y 2015, con empuje especial en el Senado bajo las presidencias de Thomas Rivera Schatz y Eduardo Bhatia Gautier, se logró identificar y asignar el dinero que acabó en la transacción fraudulenta que ya tiene siete convictos federales y espera por el procesamiento de dos acusados a nivel local.

Mientras, todavía el área oeste no tiene un Centro de Trauma.

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