Convicto por esquema de fraude con inversión de dinero público en Mayagüez testifica en juicio federal.

El alcalde suspendido de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez Rodríguez, emitió un contrato a una empresa formada por dos consultores municipales para pagarles una «comisión» por una inversión de $9 millones que resultó en pagos por hacer nada y hasta por encima de lo que estipulaba el contrato.

El documento fue parte de la evidencia que presentó ayer la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico en el juicio contra el exconsultor legal del municipio de Mayagüez, y exjuez superior, Arnaldo Jerónimo Irizarry Irizarry, y del exdirector ejecutivo de Mayagüez Economic Development Inc. (MEDI), Alejandro José Riera Fernández.

El caso involucraba a siete personas, pero cinco aceptaron culpa. La alegación principal es que dos de los convictos, Eugenio García Jiménez, convenció a Rodríguez Rodríguez a que tomara casi $9 millones que la Legislatura había asignado a la ciudad para la construcción de un nuevo Centro de Trauma, los asignara a MEDI y que en MEDI el dinero fuera colocado en el mercado de inversiones con un supuesto rendimiento de 18%. En realidad, el dinero nunca fue colocado en un instrumento de inversión para el beneficio del municipio sino que fue colocado en distintas cuentas y, mediante varias transacciones financieras, llegaron a manos de los acusados. García Jiménez provocó que, de los mismos $9 millones, se le transfirieran $1.8 millones al municipio y lo representó como que era un adelanto del interés que generaría la inversión.

MEDI es una corporación municipal que legalmente está separada de la ciudad, pero que comparte su figura de dirección con el ayuntamiento ya que Rodríguez Rodríguez era tanto alcalde como presidente de la Junta de Directores de MEDI. La naturaleza legal de MEDI conlleva que está fuera del alcance de la Oficina del Contralor y que sus contratos no se someten a esa dependencia para publicación, por lo que el contrato entre MEDI y la empresa TEGA Holdings LLC se conoció ahora, cuando la fiscal Myriam Fernández González lo introdujo como evidencia.

TEGA es una empresa en la que eran socios con participación de 50% cada uno García Jiménez y otro de los convictos, Roberto Mejill Tellado, quien ayer compareció como testigo para dar la primera versión de los hechos que se escucha directamente de uno de los participantes de la trama criminal. En calidad de presidente de la junta de MEDI, Rodríguez Rodríguez firmó el contrato con TEGA el 2 de noviembre de 2015 para que la empresa cobrara una comisión por la colocación de la inversión, pero Mejill Tellado reconoció que MEDI le sobrepagó a TEGA y la empresa nunca hizo el trabajo pactado. Se supone TEGA cobraría comisión de 5%, pero recibió de MEDI $900,000, o el equivalente a 10% de la supuesta inversión de $9 millones.

Rodríguez Rodríguez no está acusado a nivel federal por estos hechos, pero, junto a la directora de Finanzas de Mayagüez, Yahaira M. Valentín Andrades, enfrenta dos cargos locales por malversación de fondos públicos e incumplimiento del deber con relación a su manejo de los $9 millones. García Jiménez estuvo realizando grabaciones encubiertas para las autoridades federales en este caso pero no está anunciado como testigo del gobierno ni el pliego acusatorio hace referencia a grabaciones. El municipio demandó a los involucrados en el caso en junio de 2019 pero esa acción civil en el tribunal superior está paralizada sin razón aparente desde octubre de 2021.

Durante su testimonio, Mejill Tellado, quien era consultor financiero del alcalde de Mayagüez y múltiples otros gobiernos municipales, aludió repetidamente a que incurrió en conducta «negligente». A preguntas de Juan Álvarez Cobián, abogado de Irizarry Irizarry, reconoció que en una entrevista que dio a agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) el 27 de marzo de 2019 había sostenido que los $900,000 pagados a TEGA eran una comisión y que repitió lo mismo en una primera comparecencia ante un gran jurado en agosto de 2020. En una segunda comparecencia, en septiembre de 2020, «rectifiqué mi testimonio y dije que los $900,000 venían de los $9 millones» que nunca se invirtieron, dijo.

Ante cuestionamiento insistente de Álvarez Cobián de si lo que buscaba con su testimonio era una sentencia menor, Mejill Tellado dijo sollozando que «quiero restituir el daño que pude haber hecho y quiero cooperar con el gobierno en este caso». La condena será, expresó, «lo que dispone Dios y la jueza».

Además de introducir el contrato como el mecanismo mediante el que $900,000 de la transacción llegaron a la cuenta de TEGA en Wells Fargo, la fiscal utilizó al testigo para describir cómo el dinero salió de TEGA para pagar a corporaciones de los acusados, Irizarry Irizarry y Riera Fernández, así como para él personalmente, para García Jiménez y para Premier Investment and Financial Services Group LLC.

Los pagos a Irizarry Irizarry fueron a través de U.A. United Advisors Corporation y los de Riera Fernández a través de IManagement LLC, una entidad que, según testimonio previo, tenía como testaferro a Roberto Santiago Vélez, un contratista que hacía trabajos en la residencia del exdirector ejecutivo.

Según el pliego acusatorio, de TEGA salieron $133,200 para IManagement entre abril y diciembre de 2016, $126,000 para U.A. en el mismo periodo, $444,000 a Mejill Tellado de abril a noviembre de 2016 y $401,500 a García Jiménez entre abril y septiembre de 2016.

Álvarez Cobián y Diego Alcalá Laboy, abogado de Riera Fernández, concentraron su contrainterrigatorio en establecer que Mejill Tellado no tuvo acceso a todas las reuniones que García Jiménez realizó con sus clientes, por lo que no podía decir si en esas se habló de los trabajos que las respectivas compañías hacían para TEGA a cambio de los pagos.

Esto, a la luz de que Mejill Tellado, quien era el que recibía las facturas y emitía los pagos por parte de TEGA, aseguró que nunca conoció de algún trabajo realizado para justificar los pagos a las empresas de los acusados y de que las facturas que ambas empresas sometían eran repetitivas sobre que dieron servicios de consultoría financiera e inversiones, pero no detallaban exactamente qué actos habían realizado en ese mes.

«Él (García Jiménez) me dijo que pagara esas facturas», dijo el testigo.

El juicio continua en la sala de la jueza federal Aida Delgado Colón.

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