Otros dos colaboradores cercanos del alcalde suspendido de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, todavía estarían yendo a juicio.

El individuo que ejecutó el fraude con inversiones que el alcalde suspendido de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez Rodríguez, habilitó cuando le puso en las manos $9 millones que se supone fueran para un Centro de Trauma, se declaró culpable ayer y estuvo alambrado recopilando evidencia para las autoridades antes de la acusación, supo NotiCel.

Eugenio García Jiménez, Jr. notificó ayer su intención de declararse culpable por el cargo de conspiración y por lavado de dinero, dos de los 33 cargos que incluye el pliego acusatorio emitido por gran jurado en marzo del año pasado. La decisión viene después de que la jueza Aida Delgado Colón pospusiera en varias ocasiones el plazo para que los acusados se declararan culpables porque la fiscalía y los abogados siempre representaron que estaban en negociaciones. García Jiménez también cambió de abogado y actualmente lo representa la Oficina del Defensor Público, por lo que debe haber provisto evidencia de que no puede costear representación legal privada.

NotiCel supo que García Jiménez podría testificar por parte del gobierno, si ocurre un juicio, y que, antes de la acusación en marzo del año pasado, estuvo cooperando con las autoridades portando un micrófono oculto en un intento de involucrar tanto a otros coacusados como a Rodríguez Rodríguez. Una persona con conocimiento del caso indicó que las autoridades federales todavía mantienen abierta la posibilidad de procesar a Rodríguez Rodríguez por estos hechos.

El arreglo de García Jiménez lo llevaría a cumplir unos cuatro años de cárcel y la jueza Delgado Colón no ha señalado la vista.

El hombre es uno de cuatro acusados que eran asesores cercanos de Rodríguez Rodríguez, quien, además de estar suspendido de su cargo, enfrenta cargos criminales a nivel estatal de malversación de fondos y omisión en el cumplimiento del deber por su manejo de esta transacción. Los otros exasesores son Roberto Mejill Tellado, quien se declaró culpable, el exjuez Arnaldo Irizarry Irizarry y el exdirector ejecutivo de Mayagüez Economic Development Inc. (MEDI), Alejandro Riera Fernández. Se espera que estos últimos dos sean los únicos acusados que irían a juicio.

Durante varios años, la Asamblea Legislativa asignó dineros a Mayagüez, hasta llegar a los $9 millones, para dotar la región oeste de un hospital que pudiera dar los servicios que da el Centro Médico de Río Piedras en cuanto a traumas, de manera que los pacientes de la región tuvieran más posibilidades de sobrevivir y que el Centro Médico se aliviara un poco.

Pero, en vez de moverse hacia esos trabajos, Rodríguez Rodríguez decidió hacerle caso a García Jiménez, quien le dijo que podía invertirlos en el mercado financiero y devolvérselos con un rendimiento de 10%, una tasa alta e inusual.

El mecanismo para hacerlo fue que el municipio transfirió el dinero a su corporación municipal (MEDI), y de ahí fue entregado a García Jiménez para que ejecutara el plan de inversión. Rodríguez Rodríguez era la figura de poder último en ambas entidades: en el municipio era el alcalde y en MEDI era el presidente de una Junta de Directores compuesta por sus empleados de confianza en el municipio.

Según el pliego, nunca ocurrió la inversión que García Jiménez y, en vez, el hombre separó $1.8 millones para devolvérselos al municipio representando un supuesto rendimiento de 18% y el resto se lo repartieron entre los acusados. La acusación detalla transferencias de $133,200 a Riera Fernández, $444,000 a Mejill Tellado, y $401,500 a García Jiménez.

La Comisión de Intercambio y Valores (SEC en inglés) dijo que había conseguido recuperar $4.8 de los $9 millones en fondos públicos mediante una acción a la entidad LPL Financial LLC, una de las usadas por los coacusados para encubrir la transacción. La SEC mantiene un caso civil separado contra García Jiménez por fraude y malversación de fondos, incluyendo que se hizo pasar por un asesor financiero sin serlo.

Vea:

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