La Autoridad de Tierras (AT) sometió el lunes las primeras demandas que buscan recobrar dinero asignado por legisladores bajo el Fondo de Mejoras Municipales (FMM) porque no se cumplieron los propósitos para los que fueron asignados o no cumplieron con los requisitos de ley.
El FMM fue el mecanismo que la Legislatura aprobó a fines de 2020 para que lo que antes se asignaba abiertamente y con la votación de los cuerpos en los llamados «barrilitos de tocino», ahora lo pueda hacer el legislador directamente, sin ninguna votación del cuerpo, con tan solo una orden a la AT. Las asignaciones son financiadas por ingresos del Impuesto sobre las Ventas y Uso que transfiere el Departamento de Hacienda.
La Cámara de Representantes ha requerido a sus miembros información de las asignaciones que han hecho a través del FMM y la Junta de Supervisión Fiscal también ha recabado información, pero ninguno ha anunciado acciones resultantes de esas solicitudes.
Una de las demandas es contra Carlos F. González quien, como director operacional de la entidad sin fines de lucro Festival de los Cayos Bahía de Jobos, Inc., suscribió el 2 de diciembre de 2021 un Acuerdo para Transferencia de Fondos para el Desarrollo de Obras Públicas mediante el que recibió $100,000 asignados por el representante popular Luis «Narmito» Ortiz Lugo.
Ortiz Lugo ya le había asignado recursos a la entidad en 2015 para realizar un festival en el que participaron entonces miembros de la Cámara y que resultó en daño ambiental a la zona de Bahía de Jobos en Salinas.
En el otro recurso, el demandado es Humberto Andújar Otero, como presidente del Centro Comunitario de Servicios a la Familia, Inc., que el 14 de junio de 2021 suscribió un acuerdo con la AT y recibió $1,140,000 para «obras y mejoras permanentes a la quebrada Margarita desde la Ave. Roosevelt hasta la carreteras PR-19 en el Distrito Representativo #6».
La demanda revela que, después de que comenzó la discusión pública sobre el uso del FMM en marzo 2022, Andújar Otero comenzó a enviar cartas a la AT para informar el status de los proyectos para los que recibieron y en las mismas se evidencian que las obras no se han realizado ni han comenzado. La AT le pidió que devolvieran los fondos y no lo hicieron.
Las demandas son por incumplimiento de contrato y para cobro de dinero. En ambos casos, se alega que los demandados «tenían conocimiento antes, durante y después de la firma del Acuerdo que los fondos no se iban a destinar para los propósitos que establecen las leyes aplicables… tenían conocimiento antes, durante y después de la firma del Acuerdo que los fondos no se iban a destruir según dispone el Código de Rentas Internas; 15% para ayudas directas y 85% para obras permanente… (y) los demandados se han beneficiado de forma individual, colectiva y/o institucional de los fondos públicos recibidos».
La AT está representada por la licenciada Bárbara Cruz Muñiz, del bufete de Dennis L. Seilhamer, hijo del exsecretario de Estado, Lawrence Seilhamer.
Vea:
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