Aaron Vick alega ser víctima de discrimen porque reside fuera de Puerto Rico y recurre al Tribunal Federal para remedios.

Aaron Vick, involucrado en el esquema de la transacción de $38 millones que la empresa de construcción APEX General Contractors intentó completar con el Gobierno de Puerto Rico para proveer pruebas de detección rápida del covid-19 a principios de la pandemia, demandó por discrimen a la Oficina de Servicios con Antelación a Juicio (OSAJ), a la vez que consignó que tramita entregarse a las autoridades.

La relación de Vick con el licenciado Juan Maldonado de Jesús, a quien conocía desde que proveía contratos a través de la empresa Fortress Maritime cuando el abogado era director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), se tornó en un asunto penal el 4 de noviembre pasado, cuando fiscales de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) presentaron cargos a ambos por la venta de las pruebas. La transacción no se completó cuando el Oriental Bank la detuvo por cumplir con sus alertas internas de seguridad y detección de fraude.

Maldonado de Jesús compareció a vista, se encontró causa para su arresto y prestó fianza de $250,000 de manera diferida a través de OSAJ. Por su parte, a Vick le presentaron los cargos en ausencia y le impusieron $200,000 de fianza. La demanda suscrita por los abogados Guillermo Ramos Luiña y Leonardo Aldridge plantea que Vick ha estado tramitando entregarse a las autoridades, pero la OSAJ le ha negado el beneficio de la fianza diferida por ser residente del estado de Virginia.

La reclamación judicial divulga que Vick se mudó al área de Virginia Beach con su esposa y estableció un negocio allá en diciembre de 2020, después de que el Departamento de Justicia le notificara que no iba a recomendar la designación de un fiscal especial independiente en su contra. El documento revela también que hubo una investigación de la transacción por parte de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud federal, con la que el contratista cooperó y que supuestamente también lo exoneró.

«(Vick) cumple con todos los criterios que presenta OSAJ para que su fianza sea diferida, igual que la de Maldonado… (pero) OSAJ ha tomado la posición de no recomendar que la fianza sea diferida porque entienden que no podría supervisarlo adecuadamente durante su libertad previa al juicio solamente basado en que no es un residente de Puerto Rico… (Vick) no tiene los medios financieros para prestar la fianza de $200,000 que fue impuesta en ausencia y tiene derecho al mismo trato que recibe su coimputado, quien es residente de Puerto Rico», argumentaron los abogados en la demanda en la que piden una orden del tribunal concluyendo que se le están violando derechos constitucionales al contratista y prohibiendo que la directora de OSAJ, Janette Rodríguez, se rehúse a recomendar la fianza diferida basándose en la residencia fuera de Puerto Rico.

La base legal del reclamo es que los servicios de OSAJ responden a un derecho constitucional que tienen los imputados en Puerto Rico a estar en libertad mientras se procesa su caso, el cual se le está violentando a Vick solo por vivir fuera de Puerto Rico. Excepto por el hecho de que uno vive aquí y otro vive afuera, no hay ninguna diferencia en las circunstancias entre Maldonado y Vick, argumentan los representantes legales.

En lo que es un eco de argumentos que ya la abogada de Maldonado, Mayra López Mulero, presentó en la vista de causa para arresto sin que esto persuadiera al tribunal, los abogados de Vick comentan en la demanda que «interesantemente, ningún oficial del Gobierno de Puerto Rico fue imputado (por la transacción), lo cual levanta numerosas preocupaciones y preguntas sobre la capacidad y jurisdicción (de la OPFEI) para presentar cardos a dos ciudadanos privados y acerca de la propiedad de esos cargos».

Las denuncias presentadas a Vick y Maldonado, que NotiCel obtuvo, reflejan que varios de los testigos en el caso son, precisamente, los funcionarios públicos que intervinieron en la otorgación «fast track» del contrato a APEX por unas pruebas que, se reveló luego, no iban a poder producir porque contaban con un manufacturero y suplidores que estaban haciendo representaciones falsas sobre su capacidad para entregar las pruebas en la cantidad, calidad y tiempo requerido.

La participación de Vick ocurre porque la autorizó a Maldonado a usar su firma digital para colocarla en los documentos que APEX sometió al gobierno.

La vista preliminar, que estaba pautada para este pasado lunes, 22 de noviembre, fue pospuesta para el 20 de enero próximo.

Para ver la demanda, pulse aquí.

Vea:

Excontratista de ATM autorizó el uso de su firma en transacción del millón de pruebas

Los funcionarios públicos son los testigos en el caso criminal por pruebas de covid-19

Los vínculos de Juan Maldonado en su trayectoria por el Gobierno

Causa para arresto contra Juan Maldonado y Aaron Vick en caso por venta de pruebas de Covid-19