Se alega que el ayuntamiento está presionando a los empleados y que se le está violentando su libertad religiosa en la forma en que se aplica la excepción religiosa a la vacunación.

Cinco empleadas del municipio de Barceloneta demandaron al pueblo y al gobierno central por la forma en que están implantando los requisitos de vacunación de empleados, particularmente la excepción religiosa.

El pleito nuevo llega cuando la impugnación a los requisitos de vacunación se movió ayer a una vista evidenciaria en el Tribunal Federal para atender la demanda de cuatro empleadas del gobierno central que quieren derogar el esquema que impuso el gobernador mediante orden ejecutiva para que todos los empleados se vacunaran como requisito para el empleo. Hay una excepción religiosa y una médica para los que cumplan con la misma y también, los que no quieran vacunarse tienen que someterse a pruebas semanales de detección de COVID-19 o a licencias forzadas.

Junto a ese pleito federal de las empleadas, hay otro en el mismo foro de negocios y dueños de negocio que impugnan las órdenes que aplican al sector comercial y otros sectores para que verifiquen el estatus de vacunación de sus clientes como requisito a poder operar a 100% de la capacidad. De lo contrario, tendrían que operar a 50% de capacidad. Ambos pleitos los manejan el mismo grupo de abogados. El primero fue a vista el martes con el juez Pedro Delgado Hernández, pero el segundo todavía no tiene fecha de vista y el juez Raúl M. Arias Marxuach indicó en reunión con las partes el lunes que la celebración de una vista dependerá de las mociones y argumentos que presenten las partes en un calendario que llega hasta octubre.

Además del pleito de las empleadas de Barceloneta en el Tribunal de Primera Instancia que fue presentado el 15 de septiembre, hay otro en ese foro que presentó una sacerdotisa de la religión pagana Wicca, que es también maestra en el sistema público, pero ese no ha tenido ningún movimiento que denote urgencia.

Las empleadas Verónica Delgado Irizarry, María A. Torres Quiñones, Christie M. González Rosa, Daisy Flores Medero, Glorimar Rivera Machado y Ana Karina Hernández Pérez sostienen que el municipio no les ha permitido presentar pruebas de COVID-19 para poder volver al trabajo y las tienen extinguiendo licencias.

Barceloneta, según el pleito, habría basado su orden de vacunación en la que usa el Departamento de Educación y que requiere, para acceder a la excepción religiosa, que se presente una declaración que el mismo municipio provee para ser completada con la firma de un pastor o ministro y a la que se le debe anejar copia del dogma religioso que dispone la prohibición de vacunación.

Los demandantes enfocan en la supuesta ilegalidad de que sea el municipio el que disponga el contenido de la declaración, que se requiera la firma de un ministro y a la presentación del dogma porque eso sería una violación a su libertad religiosa. Cada una alega daños y pide compensación de $30,000.

“Si una persona que se no desea vacunarse con meramente presentar la prueba negativa, puede asisitir al trabajo, no hay que en adición a lo ya discutido exigir un vocabulario específico en la declaración jurada (de la excepción religiosa), con lenguaje donde se obliga (el firmante) a conclusiones por parte del Estado, que violentan la libertad de expresión y religión de las demandantes… Les han penalizado su fe religiosa”, argumentaron.

El municipio de Camuy estuvo en la demanda enfrentando alegaciones similares a Barceloneta, pero los demandantes lo retiraron voluntariamente. Además de Barceloneta, están demandados el Gobernador y los departamentos de Educación y Salud.