El Tribunal de Apelaciones decidió esta tarde que el Departamento de Justicia tiene que entregar “inmediatamente“ a los periodistas el informe que hizo el Negociado de Investigaciones Especiales sobre el almacén de suministros en Ponce del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD).

La decisión confirma la sentencia de la jueza de Primera Instancia, Lauracelis Roques Arroyo, quien el viernes pasado ordenó la entrega inmediata del documento, excepto por la tachadura el nombre de un testigo entrevistado.

“Al examinar el Informe Preliminar inspeccionado por el (Tribunal de Primera Instancia) y entregado a nosotros de manera confidencial, observamos que el mismo no es de naturaleza criminal, no revela la identidad de un confidente, ni contiene información confidencial alguna que pudiera causar una intromisión indebida a la investigación en curso. Según hemos visto, el Gobierno no pudo demostrar que la concesión del auto de mandamus afectaría negativamente al interés público… resolvemos que el balance de los intereses se inclina a favor del derecho constitucional de acceso a la información pública… Las razones expuestas por el Gobierno para no hacer público el Informe Preliminar sometido ante nuestra consideración, no van acorde con lo plasmado en el mismo“, concluyó el panel de jueces apelativos compuesto por su presidente, Carlos Vizcarrondo Irizarry, Felipe Rivera Colón y Nery Enoc Adames Soto,

La determinación del panel en el caso de los periodistas fue horas más tardes de que hoy mismo otro panel de jueces apelativos decidiera que el Tribunal de Primera Instancia debía resolver una moción de reconsideración del Departamento de Justicia antes de proseguir con la imposición de desacato que promovió la Cámara de Representantes contra la secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, por no acatar la orden que emitió ese cuerpo legislativo para entregarles copia de este mismo informe. Este caso está ante el juez Anthony Cuevas.

“[E]ntendemos que no se debe llevar a cabo una vista en desacato, sin la previa adjudicación de los argumentos en reconsideración», indicó un panel de jueces compuesto por su presidenta, Luisa Colom García (quien emitió un voto disidente), la ex Procuradora General, Irene Soroeta Kodesh, y Misael Ramos Torres. La decisión provee un tracto de acción al juez de instancia para que prosiga con la orden de desacato si así lo resuelve después de decidir la moción de reconsideración de Justicia.

Ambos casos se tramitan de forma separada, pero coinciden hoy en que sus respectivos paneles de jueces apelativos emitieron determinaciones.

Hoy también se registró un cambio de posición de parte de la gobernadora Wanda Vázquez Garced sobre el documento al efecto de que ella no podía ordenar a la Secretaria de Justicia entregar el informe pero “si el Apelativo ordena que lo entregue, que se entregue el informe”.

Dos veces esta semana, el presidente del Senado, y presidente del Partido Nuevo Progresista, Thomas Rivera Schatz, dijo que el informe debía ser entregado a las partes que lo reclaman.

El representante Gabriel Rodríguez Aguiló, quien encabeza la comisión que investiga la respuesta del Gobierno de Puerto Rico a los terremotos de enero, adelantó esta semana que referiría a Longo Quiñones y al secretario de Estado, Elmer Román, por posible perjurio con relación al contenido del informe.

Tras estos hechos, Vázquez Garced acudió a Twitter para expresar que ya le pidió al DJ que entregara el informe de la investigación para «poner punto final a la controversia».

«Es imperativo continuar enfocados en la prevención del COVID-19. ¡Esa es mi prioridad y mi gobierno!», dice el tweet.

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