AARP, OSIF, la Asociación de Bancos y el Procurador del Ciudadano coincidieron durante una vista pública en que la medida es riesgosa, costosa o inadecuada para los adultos mayores.

El Proyecto de la Cámara 147, presentado por el representante penepé Ángel Morey Noble, que busca enmendar la Ley de Bancos para obligar a las instituciones financieras a ofrecer todas las transacciones bancarias de manera completamente en línea o a domicilio, se topó con un muro de rechazo en la vista pública de la Comisión de Banca, Seguros y Comercio.

Ninguno de los deponentes —AARP Puerto Rico, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), la Asociación de Bancos de Puerto Rico y la Oficina del Procurador del Ciudadano— avaló la medida en los términos propuestos.

La Asociación de Bancos, por su parte, fue la más contundente, al expresar una oposición frontal al proyecto.

Argumentaron que la imposición legislativa de una “banca digital obligatoria” es “extremadamente irrazonable” y que pondría en riesgo la solidez financiera de las instituciones, además de chocar con normativas federales que exigen la verificación presencial de clientes en ciertos procesos.

“Cumplir con esta imposición podría resultar imposible y extremadamente costoso”, advirtió la entidad.

Por su parte, la OCIF coincidió en que la propuesta plantea choques con las normas federales de verificación de identidad y prevención de lavado de dinero (KYC, AML y CIP). Si bien reconocieron el valor de promover la digitalización de servicios, señalaron que solo podrían endosar la medida si se garantiza que los bancos cuentan con sistemas robustos y cumplen plenamente con las regulaciones federales aplicables.

Mientras tanto, AARP Puerto Rico alertó que la obligatoriedad de transacciones en línea podría dejar atrás a las personas mayores, quienes aún dependen en gran medida del servicio presencial y son más vulnerables a fraudes y estafas electrónicas. Reclamaron que el proyecto debe contemplar mecanismos de seguridad y accesibilidad, sin sustituir la interacción personal.

“La banca no puede dar la espalda a una población que representa la base de muchos de sus clientes”, planteó la organización.

La postura del Procurador del Ciudadano fue similar. Reconoció que la medida constituye un paso hacia la modernización de los servicios financieros, pero advirtió que su implementación debe ser gradual, segura y opcional para no excluir a quienes requieren atención presencial.

“Se trata de un avance significativo, pero debe balancearse con la protección al consumidor y las poblaciones más vulnerables”, indicó el procurador interino Rolando J. Meléndez Aponte.

En conjunto, las ponencias dejaron claro que el proyecto carece de apoyo en su redacción actual. Las objeciones van desde los riesgos regulatorios y financieros hasta la preocupación por el impacto en adultos mayores y comunidades sin acceso tecnológico, lo que plantea al legislador novoprogresista un escenario cuesta arriba para conseguir respaldo a su propuesta.

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