Hizo las expresiones en las redes sociales luego de conocerse la pesquisa contra la Primera Mandataria y varios funcionarios del PNP por el manejo de suministros tras los sismos en el área sur.

Como de costumbre, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, acudió a las redes sociales para expresar su opinión; esta vez luego de conocerse que el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) encontrara que hay «causa suficiente» para comenzar una investigación a la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, y otros funcionarios del Partido Nuevo Progresista (PNP) por el manejo de suministros tras los sismos que afectan la isla desde fines de 2019.

Entre otras cosas, cuestionó la «aparente inhibición» de un tercer miembro en el documento del PFEI, que, junto a la falta de «información específica», según opinara, deja «demasiadas interrogantes» a pocos días de la primaria electoral.

El tercer miembro al que se refiere puede ser Ygrí Rivera, cuya firma, a diferencia de otras ocasiones, no aparece en este documento del PFEI.

«El pueblo de Puerto Rico tiene derecho a conocer las razones para lo que luce como la inhibición de uno de los integrantes del panel del FEI y cuales son los delitos que se investigan. Ocultarlos, so color de confidencialidad, es fomentar la especulación y el oportunismo político. De la misma forma que cuando a un ciudadano se le imputa delito se conoce la denuncia debe conocerse cuando se trata de funcionarios electos», lee parte de su publicación.

Luego, no dio color a los referidos del Departamento de Justicia, que mencionan tanto infracciones al Código Anticorrupción para un Nuevo Puerto Rico, como al Código Penal de 2012, y violaciones a Ia Ley de Ética, y aseguró que hay personas interpretando el reglamento del partido para que se favorezca un procedimiento legal contra los funcionarios señalados en el documento del PFEI.

https://twitter.com/trschatz51/status/1285351430157668353

«Como Presidente del PNP exigiré que se nos informe, sin vaguedad, cuales son las imputaciones contra los aspirantes. Hay gente interpretando y citando el reglamento del PNP, con la intención de que se inicien procedimientos contra las personas referidas. Habra UNA SOLA VARA para todos esos casos. Quien quiera presentar alguna querella en el partido, puede hacerlo se atenderá conforme a derecho», agregó, para luego dirigirse a la presidenta del PFEI, Nydia Cotto Vives.

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«Lcda. Nydia Cotto Vives usted tiene la obligación de proteger la institucionalidad del FEI, háblele CLARO al pueblo de Puerto Rico. El referido no puede ser una especie de laberinto o crucigrama que confunda en lugar de aclarar. No permita que tal como ocurrio la vez anterior le imputen personalismos», culminó.

Aparte de señalar a la gobernadora, el PFEI indica que los otros funcionarios que serán investigados son el secretario de la Gobernación, Antonio L. Pabón Batlle; la exjefa de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de Ia Familia (ADSEF), Surima Quiñones, José A. Galarza Vargas, María Teresa Zayas Gierbolini, y la senadora Evelyn Vázquez Nieves.

El documento menciona «Ia posible intervención de políticos en Ia entrega de los alimentos por parte de ADSEF (a los damnificados por el terremoto de 7 de enero de 2020) y el posible conocimiento y autorización de varios empleados de Ia Administración Central de ADSEF».

También se argumenta que se permitió la participación e interferencia indebida de funcionarios electos en las reparticiones de alimentos que fueron realizadas como parte de las funciones ministeriales de Ia agencia.

Se detalla, además, que Quiñones, Galarza y Zayas incurrieron en “conducta impropia dentro o fuera del trabajo de tal naturaleza que afecte el buen nombre o refleje descrédito o ponga en dificultad a Ia Agencia, cualquier otra agencia o dependencia del gobierno”.

A estos también se les atribuye “conflictos con los mejores intereses de Ia agencia o del gobierno”, y el «manejo indebido de fondos o bienes o servicios de la agencia».

Del texto también se desprende que hubo «represalias y acciones adversas contra una funcionaria que actuó conforme lo exige Ia ley», además de señalamientos de entidades federales por alegados incumplimientos incurridos por la Administración de Desarrollo Socioeconómico de Ia Familia (ADSEF), ante el hecho de que el Programa de Distribución de Alimentos es un programa 100% federal a través del Food and Nutrition Service (FNS) del Departamento de Agricultura Federal (USDA).

Por otro lado, Ia investigación incluye Ia posibilidad de que un miembro de Ia Asamblea Legislativa pudiese haber incurrido en conducta sancionada por Iey, entre otras infracciones, por ejercer influencia indebida en los procesos de entrega de alimentos de ADSEF a la ciudadanía.