El abogado y exsenador Ramón Luis Nieves plantea que Puerto Rico no debe promover un monopolio de gas natural y sí enfocarse en la energía renovable.

Puerto Rico ha sido testigo recientemente de actos que, en cualquier otro país, se considerarían amenazas directas a su seguridad nacional. New Fortress Energy (NFE) retiró el barco que suministra gas natural a las unidades 5 y 6 de la Central San Juan, alegando una deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de $9 millones pendiente desde 2020. Además, suspendió el suministro de gas a 14 unidades de generación temporera.

Estas acciones constituyen represalias sin precedentes por parte de un suplidor de combustible y son demostraciones de fuerza para presionar al gobierno mientras se discuten contratos multimillonarios con la empresa.

NFE atraviesa dificultades financieras. Todo apunta a que la empresa depende de nuevos contratos en Puerto Rico para sostenerse y evitar su eventual colapso. Pero ni la AEE ni el gobierno tienen la función de rescatar suplidores privados de la quiebra.

Este episodio es apenas la punta del iceberg. Desde 2018, cuando el gobierno de Ricardo Rosselló le otorgó sin competencia un contrato a una subsidiaria de NFE para controlar por 20 años el suministro de gas natural en la Bahía de San Juan, se ha estado creando un nuevo monopolio energético. Recientemente, el gobierno ha intentado concederle a NFE otro contrato por 15 años que les rendiría $20 mil millones.

Tanto el Negociado de Energía de Puerto Rico como la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) han denunciado la creación de un monopolio de suplido de gas natural. Y tienen razón.

Este nuevo «cartel del gas natural» ha sido posible gracias a la inacción gubernamental en cumplir con las metas de integración de energía renovable. Mientras se impulsan contratos de gas, se lanza una campaña de desprestigio contra las renovables: que si son intermitentes, caras o inseguras. Otros argumentan que los proyectos a gran escala “atentan contra la seguridad alimentaria”. Sin embargo, la verdadera amenaza a nuestra estabilidad energética es la dependencia en pocos suplidores capaces de chantajear al país.

Puerto Rico necesita diversificar urgentemente sus fuentes de energía. El gas natural tiene y tendrá un rol importante. Pero al país no le conviene desviarnos de la ruta de integración masiva de renovables que ordena nuestra política pública.

Según la Asociación de Productores de Energía Renovable (APER), los proyectos a gran escala en etapas maduras de aprobación podrían aportarle al sistema eléctrico más de 1,000 MW en capacidad y almacenamiento. Estos proyectos renovables a gran escala podrían estar listos en menos de 2 años, en mucho menos tiempo que la construcción de nueva infraestructura de generación fósil.

La diversificación energética se logrará combinando las estrategias de gasificación con la integración de renovables y almacenamiento. Las brújulas de esta gestión deben ser la política pública y el balance complicado que plantea el trilema energético (seguridad, sostenibilidad ambiental, equidad).

También debe protegerse la medición neta. Hoy, más de 170,000 abonados de LUMA generan energía en sus techos, comparado con apenas 9,000 en 2017. Sus sistemas, combinados con baterías, están creando una planta de energía virtual (virtual power plant) que ya contribuye a estabilizar el sistema.

Mientras persista la fragilidad del sistema eléctrico, el gobierno y la JSF deben continuar facilitando el acceso ciudadano, comunitario y empresarial a la energía renovable. A LUMA le corresponde invertir los fondos federales disponibles para construir una red moderna que no obstaculice la transición energética.

Puerto Rico no puede seguir secuestrado por contratistas, suplidores y cazadores de rentas. Debemos rechazar la creación de carteles y monopolios energéticos, y retomar con firmeza la ruta hacia una diversificación energética real. La energía renovable no es un obstáculo: es el camino.

* Ramón Luis Nieves es un abogado dedicado a asuntos de derecho energético. Fue senador por el Distrito de San Juan (2013-2016), presidente del comité de energía del Senado, vicepresidente de una institución financiera, abogado con más de dos décadas de experiencia y músico activo. Bachillerato en Sociología (1996) / Juris Doctor (2000) – Universidad de Puerto Rico / Maestría en Derecho Energético – Vermont Law School (2023).